Tan solo una semana después del cambio de autoridades en Estados Unidos ha llegado el primer mensaje de la nueva administración. Ayer, el embajador Willian W. Popp hizo un llamado público a la necesidad de que Guatemala cuente con instituciones fuertes y transparentes que garanticen la gobernabilidad y el estado de Derecho, lo cual propicia el desarrollo económico de cualquier país.

Hizo la exhortación ante un grupo de empresarios que participaron en un evento organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), a quienes expuso, además, que todos los actores políticos y económicos del país deben trabajar en el fortalecimiento de las instituciones esenciales, que inicia con la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, en cuyas manos estará la seguridad jurídica del país, y quienes deben tener los méritos de capacidad, idoneidad y honradez para que sea digna e independiente.

El pronunciamiento del diplomático al respecto no ha sido el único de esta semana. La Organización de Estados Americanos emitió sus conclusiones sobre la misión enviada a finales del 2020, a solicitud del presidente Alejandro Giammattei, en la que resaltó que quienes hoy ejercen el poder político y público tomen medidas que atiendan preocupaciones comunes entre los guatemaltecos, como la percepción de corrupción e impunidad, la falta de transparencia en los asuntos públicos, la omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, que se garantice un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, así como los criterios de competencia de la misma, entre otros.

Pese a este tipo de solicitudes, ayer el escenario fue, de nuevo, el Congreso de la República, donde 82 diputados que votaron a favor y 70 ausentes, en falsa oposición, decidieron seguir empañando la ya desgastada imagen del Organismo Legislativo y atentar contra el marco jurídico y el orden constitucional, al dejar de observar la resolución emitida por la CC en torno a la elección del nuevo representante del Colegio de Abogados y Notarios ante esa misma corte.

Así las cosas, y ante el mal ejemplo de una buena parte de parlamentarios que constantemente desobedecen los fallos judiciales, el panorama para la elección de los nuevos magistrados de la CC para los próximos cinco años luce llena de nubarrones, pugnas jurídicas y prácticas contrarias al imperio de la ley en cualquiera de las cinco entidades que deben nombrar a los togados.

Por ahora, el llamado llegó esta semana desde instancias internacionales, pero la reflexión va para los diversos sectores de la sociedad guatemalteca que deben exigir y vigilar que la clase política tome decisiones sensatas, apegadas a Derecho y siempre en beneficio de la población.

Podrán existir sanciones internacionales, cancelaciones de visas y hasta extradiciones para alejar a los actores oscuros de las entidades públicas, pero esas son solo acciones que, de manera momentánea, disuaden y desconcentran a los poderes fácticos.

La verdadera oportunidad de cambio existe en la elección de magistrados para las distintas cortes y radica en lograr una selección transparente, apegada a Derecho y ajena a las redes políticas y económicas ilícitas que con mucho denuedo quieren terminar de cooptar a las instituciones democráticas.