Editorial
Llamativo incremento de hechos criminales
Ante este incremento de muertes violentas se necesita una respuesta eficaz de las autoridades, no solo de Gobernación, sino también del Ministerio Público, como una responsabilidad compartida.
La seguridad pública democrática precisa de estrategias, tácticas y mecanismos de reacción ante determinados sucesos. De entrada es inconcebible que se prosigan prácticas desfasadas, pretéritas, más propias del conflicto armado que de un sistema policial moderno. La anticipación, la prevención, la participación cívica y, por supuesto, la tecnología de videovigilancia constituyen herramientas insoslayables para procurar seguridad en las calles, además del despliegue de policías, a pie, en moto o autopatrullas.
Durante el primer trimestre del 2023 se reportaron 292 homicidios en el país, mientras que en el mismo período de 2024 se registraron 238. De hecho, en febrero último, esos hechos tuvieron una histórica cifra mensual más baja, según reportes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). Es necesario un análisis multifactorial y un cruce de variables para encontrar las causas de este descenso, no solo en este año, sino a lo largo del último lustro. Ciertamente, cada región guatemalteca tiene sus propias características socioculturales, geográficas y logísticas, por lo cual los homicidios se concentran en determinados departamentos.
Ante esas estadísticas y contexto resulta llamativo el repunte de hechos criminales, entre hallazgos de cadáveres y ataques armados, sobre todo, mas no exclusivamente, en el área metropolitana. En la jornada de ayer se reportaban ya 13 muertos por violencia en el país, incluyendo el mortal ataque, a plena luz del día y en la concurrida avenida de Las Américas, zona 13, que cobró la vida del oftalmólogo Miguel Campos Hoffens. Se menciona el nombre en representación de los otros 12 fallecidos, que tenían familia, historia y dejan un duelo irreparable.
El problema con las estadísticas es que, por su propia naturaleza matemática, acumulativa y fría, dan una visión generalizada pero ajena a la realidad personal y familiar que entraña cada suceso criminal. Claro que ese es el papel del sistema de justicia: identificar, localizar, detener y deducir las responsabilidades penales a los responsables de los hechos. A lo que vamos es que se necesita, ante este incremento de muertes violentas, una respuesta eficaz de las autoridades, no solo de Gobernación, sino también del Ministerio Público, como una responsabilidad compartida.
Y no se trata solo de las acciones reactivas, sino también de la continuidad de prácticas preventivas, de la evaluación del desempeño de los mandos medios y la oficialidad policial, así como la efectividad de las operaciones implementadas. De hecho, en este espacio se ha mencionado en repetidas ocasiones el cuestionamiento hacia los retenes policiales, sobre todo aquellos instalados únicamente por un par de agentes. No es que se les satanice, pero se deben seguir protocolos para la prevención de discrecionalidades que luego conducen a deterioros. En todo caso, debe haber un registro confiable, estratégico y también público de resultados, para proteger a la propia institucionalidad.
La presencia de bandas de narcotráfico en el lado mexicano de la frontera no debe soslayarse; tampoco se deben descuidar los procesos de mejora en la seguridad de ingresos y vigilancia de centros carcelarios, así como el traslado a tribunales; si bien hay capturas por extorsiones y sicariato, prosiguen algunos actos que parecen vinculados con ese flagelo. Es recomendable evitar cualquier declaración tendiente a excusar o aminorar la responsabilidad del actual Ejecutivo para concentrarse en recuperar las cifras a la baja. Si existen mafias o grupos oscuros detrás del alza se les debe evidenciar.
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