Por desgracia prevalece en la idiosincrasia nacional una especie de codependencia paternalista, una deficiencia de responsabilidad ética (antes que legal) y una hipocresía relativista de que otros enfrenten, resuelvan o padezcan los efectos de cualquier despropósito siempre y cuando no se trate de uno mismo o del propio grupo de allegados. Existen claros ejemplos de estos contrasentidos, que no por ilógicos son menos reales. Están los politiqueros que reclaman injusticia cuando ciertos fallos les afectan, pero cuando los efectos eran ajenos ni siquiera les dieron importancia, aunque el principio de derecho vulnerado era el mismo. También existen funcionarios o exfuncionarios que incurren en flagrantes ilegalidades, pero cuando son acusados claman persecución política, vendetas o animosidades en su contra, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos.

Existe un problema que la inmensa mayoría de personas menosprecia en cuanto a su dimensión o efecto pero causa un enorme daño en comunidades cercanas o países vecinos: la generación, acumulación y disposición inadecuada de desechos sólidos, que por décadas se ha resuelto con un tiradero masivo, desprolijo de lo ya consumido.

De esa cuenta se siguen botando a diario toneladas de basura sin clasificar en proximidades de mercados, terminales de buses, terrenos baldíos, tragantes utilizados como botaderos, cauces de ríos devenidos en desagües a cielo abierto. La falta de legislación punitiva, y sobre todo de una conciencia ecológica, han prolongado estas acciones que a la vez se basan en actitudes displicentes e incluso despectivas respecto del bien común y la conservación del entorno.

El acuerdo gubernativo que dio vida en 2021 al Reglamento para la Clasificación de Desechos Sólidos se encuentra a tres meses de entrar en vigor. Existen algunos esfuerzos de personas, empresas y fundaciones privadas para impulsar la disposición ordenada de residuos, clasificándolos según su origen orgánico o inorgánico, así como diferenciando entre papeles y cartones, vidrio o plástico. Se trata de una tarea necesaria y urgente que ha ido contra una inercia de décadas.

En agosto próximo debería comenzar la clasificación obligatoria de la basura de cada domicilio, en cada colonia y condominio, en cada zona urbana, cada municipio, lo cual a su vez implicaría una capacitación a los recolectores y una adaptación de los vehículos a cargo de tan importante servicio. Sin embargo, hasta ahora muy poco cambio se percibe en la recolección diaria. Siguen pululando las bolsas plásticas con basura revuelta y también, en algunos lugares, la resistencia de vecinos a pagar por el traslado de sus desperdicios.

El propio Ministerio de Ambiente reconoce que buena parte de dicho caos contaminante se encuentra en los tiraderos ubicados en mercados de barrio, algo que parece muy difícil de corregir en menos de dos meses pero se trata de un cambio cuya implementación es ineludible. Por ello es poco aconsejable cualquier tipo de aplazamiento o laxitud en la aplicación de la norma. Prácticamente ningún aspirante a alcalde aborda este tema con seriedad y menos aún con propuestas concretas a nivel nacional. Sí, es un asunto que puede crear resistencia e incluso conflictividad, pero será un costo que las autoridades deben estar dispuestas a afrontar como parte de las obligaciones que voluntariamente asumen al postularse.