Resulta llamativa la falta de interés o en todo caso la división de opiniones en el Congreso de la República ante el planteamiento de una Superintendencia de Infraestructura Vial como ente rector del trazo, construcción, gestión y mantenimiento de carreteras nacionales, ya sea a través del tradicional manejo estatal o bien mediante alianzas y concesiones que reporten ingresos al Estado y que a la vez se comprometan a garantizar la calidad de los tramos, bajo términos contractuales claros, transparentes y sujetos a sanciones civiles y penales en caso de incumplimiento.

Es posible que no se trate de una panacea, pero constituye una alternativa que merece ser estudiada con atención y no rechazada de primera mano. El actual modelo de administración vial es caduco, disfuncional e ineficiente, sujeto a las veleidades de las autoridades de turno, a los intereses de allegados del momento e incluso a las presiones de diputados, en especial aquellos que poseen empresas constructoras cuyos nexos disimulan mediante sociedades u otorgando su manejo a familiares. No pocas de esas empresas reportan como domicilio fiscal verdadera covachas, lo cual no hace sino evidenciar que se trata de entidades creadas para obtener contratos a través de intercambios de favores, presiones o, peor aún, posibles arreglos bajo la mesa.

La situación no es nueva y si no, basta ver que ayer fue ligado a proceso por el fraude de Odebrecht el exministro Alejandro Sinibaldi, quien permaneció seis años prófugo y de manera abrupta se presentó a los tribunales lanzando acusaciones y amenazas al aire. Si bien hoy afirma que él fue un accesorio más en aquel alambique de intereses y concesiones, el tiempo que pasó escondido genera dudas sobre las verdaderas razones por las cuales reapareció y bajo qué condiciones negocia sus testimonios. A la fecha, los procesos que le vinculan se encuentran en reserva, lo cual a estas alturas de la historia, con tantos saqueos, pérdidas, decepciones y obras inconclusas, resulta casi una afrenta contra todos los ciudadanos.

Para mayor simbolismo sobre esta prolongada catástrofe vial, ayer se produjo un socavón sobre la ruta CA-2 Oriente, que conecta la cabecera de Escuintla con Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con el Salvador: un paso estratégico de mercancías, que por ahora se encuentra cerrado. El costo de rodear este tramo ronda los US$200 por viaje, lo cual afecta no solo a transportistas, sino también a productores agrícolas, industrias y comerciantes. La causa aparente del daño fue un desagüe defectuoso.

Una carretera tan estratégica como esta debería estar sujeta a una supervisión preventiva constante y estar totalmente reconstruida, modernizada y ampliada a cuatro carriles, puesto que en febrero de 2015, cuando era presidente Otto Pérez Molina, se “inauguraron” los trabajos, los cuales quedaron detenidos, supuestamente por falta de pago por parte del CIV, cuando ya Sinibaldi había saltado del barco patriotista en pleno hundimiento.

Más allá de las causas y los dimes y diretes del exministro, de los señalamientos de contratistas y las excusas de los gobiernos, la cruda realidad es que no hay paso hacia el vecino país y ello implica un enorme costo de oportunidad. Alguien tiene que pagar por esto. Si no es con la restitución de los fondos perdidos deberá ser con años de cárcel que establezcan un precedente, y también a través de una reorganización de la administración y manejo vial, para que no sea botín de una camarilla, sino factor de competitividad nacional.