Estados Unidos
EDITORIAL
MP aborda asuntos que estaban bajo la alfombra
El Ministerio Público tiene una gran responsabilidad: no debe convertir sospechas en condenas mediáticas ni investigaciones en persecución infundada.
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El informe de los primeros cuatro meses del fiscal general, Gabriel García Luna, arroja un diagnóstico sobre el desafío que asumió y marca algunas claves de la nueva ruta en la cual se moverá la institución a su cargo. Quizá lo más preocupante de los hallazgos sea la centralización excesiva, con procedimientos internos que arrastran una lógica burocrática del siglo pasado, fiscales atascados en tareas administrativas, denuncias interpuestas en la Policía Nacional Civil que demoran demasiado en llegar a una fiscalía y con ello retrasan la posibilidad de justicia para el ciudadano. Además, una especie de distopia: sistemas digitales modernos coexistiendo con procesos de documentos físicos. Solo cabe cuestionar si estas incoherencias sistémicas eran un descuido, una negligencia o un dolo.
El fiscal García Luna reconoció algo importante: denotar las condiciones encontradas no es una excusa, sino un punto de partida para corregir limitaciones, eliminar lastres y establecer indicadores de rendimiento real para evaluar al personal. Por ejemplo, no basta con que un fiscal “resuelva” X cantidad de casos, si entre ellos hay un mayoritario porcentaje de desestimaciones. Esta fue una denuncia constante durante el ochenio anterior, pues, dentro de esa tendencia desestimadora, había casos de violencia contra la mujer que quedaron impunes.
La implementación de una ventana digital entre la Policía y el MP para el traslado de denuncias es una acción lógica que debió implementarse hace mucho. Es inaudito que no exista; sin embargo, se puede entender, considerando el aislamiento nacional e internacional en que Consuelo Porras sumió a la institución. Pero más allá de estas rémoras institucionales, el ente investigador debe combatir amenazas criminales externas.
El fiscal general lo llamó por su nombre, con todo el desafío que implica: se enfocará en el combate de la narcopolítica y de la infiltración de mafias y pandillas en instituciones del Estado. No es primera vez que se sospecha de vasos comunicantes entre maras y ciertas viejas caras de la política. Los síntomas son evidentes. Basta ver cómo el mismo día del allanamiento a la Rectoría de la Universidad de San Carlos, por el caso de estudiantes cuyos registros fueron borrados, hubo dos masacres casi simultáneas en la capital. Demasiada coincidencia. Lo mismo vale decir de los bloqueos por el alto costo del combustible, en los cuales había consignas cuasi sediciosas, soliviantando los ánimos en una dirección muy peligrosa de ingobernabilidad, lo cual cesó al ser evidenciado por la prensa independiente.
Los recientes operativos para localizar a allegados del exdirector del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, apuntan al combate de posibles actos de corrupción que fueron barridos debajo de la alfombra. Pero, eso sí, el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad: no debe convertir sospechas en condenas mediáticas ni investigaciones en persecución infundada. Debe seguir el dinero, documentar los vínculos, identificar responsabilidades y llevar los casos a los tribunales.
El respaldo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, manifestado con la visita de una inusitada delegación de nueve fiscales, confirma la avenencia de la institución con la actual Casa Blanca, lo cual es relevante de cara a pretéritos cabildeos. En efecto, el año electoral 2027 será un buen campo de investigación para la detección de dineros irregulares, a través de las nuevas herramientas de la Ley Antilavado, pero también para la identificación de beneficiarios, testaferros y fantoches de doble discurso.
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