Transportistas de carga y pasajeros se pronunciaron en conjunto, ayer, en un abierto desafío al Gobierno para que derogue el acuerdo gubernativo 38-2019, que ordena la instalación de un dispositivo regulador de velocidad en autobuses, camiones y tráileres, una medida que persigue la reducción de percances viales que, en numerosos casos, dejan muertos, heridos, mutilaciones, familias enlutadas, daños a la infraestructura y pérdidas a terceros.

Puede considerarse que la colocación de este regulador electrónico que limita la velocidad a 80 kilómetros por hora no es la panacea para el problema de los accidentes que involucran a vehículos pesados. Sin embargo, tales sucesos son frecuentes y ocurren en todas las regiones del país, por lo cual no puede ni debe obviarse. Por otra parte, la misma unidad granítica del gremio debió presentarse desde hace mucho tiempo para plantear protocolos estrictos de contratación de pilotos, controles internos de calidad en la conducción, códigos de ética vial e incluso iniciativas para mejorar la actual Ley de Tránsito, a fin de modernizarla y penalizar efectivamente a los conductores imprudentes.

La amenaza de un paro que podría golpear a la industria y el comercio a escala nacional llega junto con una solicitud de supuesta prórroga que permita modificar el citado decreto, aunque no se especifica la propuesta concreta, a excepción del pedido de que se multe a los pilotos y no a las empresas dueñas de los vehículos. Cabe anotar que en las ocasiones en que policías de Tránsito han multado a conductores de autobuses, estos acumulan las sanciones y cuando llegan a un punto crítico organizan suspensiones del servicio y bloqueos para presionar por la condonación del castigo, en un círculo vicioso que tarde o temprano desencadena nuevos accidentes.

La seguridad vial ha sido un desafío largamente relegado en Guatemala e involucra, por supuesto, a todo tipo de conductores de vehículos livianos o pesados, incluyendo motociclistas. Las infracciones ocurren a plena luz del día e incluso a los ojos de las autoridades: no portar casco protector, circular de noche sin luces, rebasar en áreas prohibidas, abuso de velocidad, irrespeto a señales restrictivas o semáforos, falta de licencia para manejar o conducir en estado de ebriedad son algunas de esas situaciones fuera de control.

Las cifras son reveladoras: en 2018, cada día hubo 17 accidentes de tránsito. En todo el año hubo 2 mil 644 decesos relacionados con traumatismo por percances viales, lo que equivale a siete fallecimientos diarios. Si bien se trata de números generales, es innegable que buena parte de esos percances involucran a autobuses extraurbanos y transporte de carga. Los pilotos suelen culpar a los propietarios de presionarlos para cumplir determinado número de viajes. Los dueños acusan a muchos pilotos de no hacerse responsables de los percances, puesto que salen huyendo y encuentran trabajo en otra empresa sin mayor consecuencia.

El abordaje de este problema requiere de una discusión seria, serena y libre de presiones, pero a la vez de una disposición para ceder en determinadas concesiones, ejercer mejores controles privados y públicos, generar una cultura de respeto a la vida de los usuarios y de responsabilidad personal y social tras el volante. Capacitación, reformas funcionales a la ley y amplia difusión de las normas elementales de convivencia podrían formar parte de una nueva era de cultura vial.