Hubo comicios generales en El Salvador y todo apunta a la reelección, por amplia mayoría, del presidente Nayib Bukele, quien desde diciembre está fuera del cargo, gracias a una licencia concedida por su bancada en el Congreso. Desde el 2 de diciembre y hasta el 2 de junio próximo, las funciones presidenciales son ejercidas por alguien a quien ningún ciudadano eligió: Claudia Juana Rodríguez, secretaria privada presidencial, designada por el propio Bukele.

El mandatario salvadoreño, voluntariamente suspendido, se vio catapultado sobre todo por su política de mano dura contra los pandilleros, de los cuales decenas de miles están encerrados en la megacárcel que construyó en siete meses, entre junio de 2022 y febrero de 2023. En el ínterin, en septiembre de 2022, anunció su intención de postulares a la reelección consecutiva, pese a que estaba y está prohibido por la Constitución salvadoreña. La Sala Constitucional, proclive y aquiescente con el oficialismo, le proveyó de un subterfugio legal que aquí en Guatemala bien podría ser catalogado como un fraude de ley.

Dicha sala dictaminó en 2021 que la reelección consecutiva, en efecto, estaba prohibida según el artículo 152 constitucional, considerado pétreo y, por ende, irreformable, pero que dicho artículo prohíbe la participación de quien “haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no” o “dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. En eso se basaron para ordenar al Tribunal Supremo Electoral que inscribiera a “una persona que ejerza la presidencia” pero que “no haya sido presidente” el semestre anterior a la siguiente fecha de relevo, es decir el próximo 1 de junio, cuando asuma como si hubiese sido electo y no “reelecto” junto a su vicepresidente.

En todo caso, es la soberana voluntad de la ciudadanía salvadoreña la que se manifestó en las elecciones de ayer, en las cuales también podría salir reforzado el oficialismo, en un Congreso que ahora solo tendrá 60 escaños. Cabría preguntar si habrá transición o no, si actualmente tiene voz y voto el presidente suspendido o si acaso estas personalizaciones casuísticas no van en detrimento del estado de Derecho sostenido por el andamiaje constitucional.

Nadie niega la popularidad de Bukele, pero mucho le debe a las decepciones previas y a los escándalos de corrupción de antecesores en el poder. La simpatía personal y su estilo desenfadado agradaron a un electorado harto de la politiquería, la corrupción y de ser uno de los países más violentos del continente, algo que ahora se ha revertido a niveles históricos. Eso sí, se han dado más de 7 mil capturas ilegales, reflejadas en desestimaciones de casos de personas que resultaron ser inocentes pero padecieron una estadía carcelaria. Bukele lo considera daños colaterales y sondeos ciudadanos exhiben a una población aún cautiva del miedo que prefiere cercenarse libertades, incluyendo la libre emisión del pensamiento, en lugar de unirse para mantener permanente exigencia a los funcionarios electos.

Ahora que 50 mil pandilleros están presos viene la parte programática más lenta: combatir la pobreza, generar oportunidades laborales que frenen la migración y reduzcan el caldo de cultivo del cual emergieron tantos delincuentes. La certeza jurídica es necesaria y la seguridad pública debe ser un concepto integral que no esté sujeto a interpretaciones de conveniencia. De buenas intenciones y temores subyacentes está empedrado el camino a la dictadura.