La próxima semana comienza el segundo período de sesiones del Congreso y el último de la actual legislatura, con una característica distintiva: terminó la campaña electoral, se tiene el panorama de integración de las futuras bancadas y está claro el mensaje de rechazo ciudadano a las ansias reeleccionistas de casi un centenar de diputados, en virtud de su desempeño en los tres años anteriores. Esta situación entraña un riesgo y a la vez una oportunidad.

Para empezar con lo positivo, la oportunidad se encuentra precisamente en el distanciamiento de las pasiones políticas, en la condición más favorable a un juicio objetivo de la situación nacional y en el aprendizaje de los errores cometidos en los tres años anteriores, de los cuales sin duda el más bochornoso es el llamado Pacto de Impunidad del 14 de septiembre de 2017, adefesio leguleyo que fue revertido bajo presión ciudadana.

Existen temas decisivos en la agenda de pendientes del Congreso y los mismos deberían ser abordados con apertura y transparencia, con carácter técnico, a fin de frenar interferencias caudillistas o dogmáticas y con una coherente visión de Nación, a fin de priorizar los consensos y favorecer la recuperación productiva, que es a fin de cuentas la única vía para generar desarrollo humano.

La otra cara de la moneda: el riesgo se encuentra en que muchos diputados, al no tener ya nada que perder, electoralmente hablando, podrían ser proclives a plegarse a los intereses que más beneficios individuales les traigan, ya sea en alianzas con el gobierno entrante, incidencia en la conformación del presupuesto e incluso la compra de votos, una situación que ya ha sucedido antes, desafortunadamente.

Ahora bien, el momento que vive el país no está como para desperdiciar el tiempo en interpelaciones vacías o en sesiones perdidas por ausentismo de diputados. La posibilidad de marcar un hito por la cantidad y calidad de leyes útiles aprobadas está servida.

En las manos de los diputados se encuentra discutir y aprobar leyes importantes como Proguate, que institucionaliza el Instituto Guatemalteco para la Competitividad, las Inversiones, las Exportaciones y Turismo; la Ley de Alumbrado Público, que regularía por fin un factor generador de conflictividad e incluso corrupción; la Ley General de Infraestructura, que debe abrir la puerta a un eficiente desarrollo vial con mayor exigencia en la calidad de proyectos y nuevas posibilidades de financiamiento y manejo; también está pendiente la autorización del proyecto de reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que sería la primera obra construida bajo una alianza público privada y sentaría las bases de un nuevo paradigma. No está de más mencionar la nueva Ley de Servicio Civil, que debe cortar de tajo el clientelismo o las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, para potenciar la transparencia como método y hacer eficientes los recursos públicos. Así también el Congreso deberá elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, procesos que desatan aprensiones, pero ello no imposibilita una labor ética, madura y responsable.

El desafío no es solo para los diputados: los sectores de la sociedad deben ser capaces de plantear prioridades, tener margen de maniobra, fomentar la creatividad para encontrar puntos de consenso, conceptos de encuentro y diálogos constructivos que ojalá llegasen a quedar plasmados en leyes valiosas, funcionales y memorables.