Existen actualmente cerca de 80 policías municipales de tránsito autorizadas y homologadas por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, además de otras 60 en proceso de formación, capacitación y trámite. La cantidad de elementos varía según la dimensión del territorio por cubrir, las necesidades del parque vehicular existente y también la capacidad económica de las comunas. Justo en este último elemento entra a figurar uno de los temas que a menudo se cuestiona en algunas de estas dependencias: la finalidad real con la cual se les forma.

Lamentablemente, en ciertas localidades no priva el objetivo de regular la fluidez vehicular o propiciar la educación vial, pues son usadas como bolsón clientelar para otorgar plazas a allegados de la alcaldía de turno, lo cual acarrea complicaciones, como la falta de aptitudes para desempeñarse en un plano de servicio público sujeto a interacción con los ciudadanos. Cuando no existe capacidad para gestionar situaciones tensas, algunos elementos pierden la compostura y terminan enzarzados en riñas o agresiones que desprestigian a toda la institución y a la autoridad que representan. Es lamentable el espectáculo de este tipo de incidentes registrados y difundidos a través de redes sociales, que de otra manera quedarían acallados. Cierto es que son representantes de la autoridad edil y sus instrucciones merecen respeto debido a que sobre ellos se delegan potestades legales, pero nunca en detrimento de la dignidad y derechos de la ciudadanía. El uniforme que portan los obliga a mantener coherencia, serenidad, aplomo y, sobre todo, espíritu de servicio.

Cuando determinadas comunas los convierten en simples cobradores de multas, a veces impuestas desde puestos de observación debidamente ocultos en carreteras nacionales, surge la sospecha de que priorizan la sanción pecuniaria en favor de las arcas locales en lugar de reforzar la capacitación de los conductores.

Existen infracciones flagrantes y masivas a la Ley de Tránsito ante las cuales existen pocas acciones de corrección, por lo cual se multiplica la impunidad vial y con ello los riesgos, como el manejo nocturno sin una o ninguna luz delantera, los estacionamientos en doble fila mediante uso injustificado de luces de emergencia, el irrespeto de taxistas y mototaxistas a las filas definidas o la utilización de aceras como vías de paso de motoristas, prácticas nocivas que se repiten a causa de la impunidad vial y al temor de muchos agentes a sancionar cuando no hay de por medio una cámara automática.

Las PMT tienen un mayor potencial de desarrollo organizacional y de proyección a la comunidad. Si bien su principal fin es la organización de la locomoción automotriz, también pueden involucrarse en tareas de inteligencia y observación de la seguridad pública, ya que se encuentran a diario en barrios, rutas y zonas intermunicipales. No significa que deban involucrarse en tal esfera, pero sí generar un mayor diálogo con la ciudadanía. Su proyección humana puede potenciarse a través de la asertividad, la empatía, la capacitación de conductores e infractores; en síntesis, un código de valores convertidos en acciones. La Policía Nacional Civil se encarga de validar el funcionamiento de estas entidades. Por ello, sin lesionar la autonomía municipal, es posible homologar principios, metodologías y datos, para tener una visión amplia de la cultura vial y la seguridad con pertinencia comunitaria.