La contención de la pandemia de covid-19 es un duro reto para el país pero existen otros desafíos importantes, preocupantes y de larga data que no deben quedar soslayados puesto que constituyen epidemias crónicas de abusos e ilegalidades que hacen tanto daño a la sociedad y también a las instituciones: una de ellas, la violencia psicológica y verbal de género, un mal que a menudo es abordado desde una óptica relativista y no como un delito tipificado en el ordenamiento jurídico del país.

El tema sale a colación por la denuncia de la ahora exmagistrada del Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Mijangos, quien declaró ser víctima de intimidaciones y tratos despectivos por parte del también magistrado Jorge Mario Valenzuela. Mijangos asegura que presentó el señalamiento público por esta situación horas antes de entregar el cargo para no perjudicar la labor de la institución. Dentro de su comunicado ella describe que los malos tratos comenzaron prácticamente desde que asumió el cargo y que se intensificaron mediante burlas, murmuraciones y faltas de respeto a las intervenciones de la magistrada quien detalla acciones concretas mediante las cuales experimentó las agresiones verbales y psicológicas.

Por su parte, el señalado argumenta que las acusaciones son falsas, las atribuye a algún tipo de venganza en su contra y que no existe ningún acta levantada para respaldar las quejas de la única mujer integrante del anterior TSE. Mijangos afirma haber puesto una denuncia en la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público pero que el caso fue desestimado. Además solicitó medidas de seguridad en el Organismo Judicial, pero una sala de apelaciones resolvió que primero se debía retirar la inmunidad el magistrado para poder proceder a decretarlas, con lo cual ella se declaró prácticamente indefensa y sin apoyo del sistema de justicia.

El asunto podría parecer intrascendente o incluso producto de una simple animadversión personal o profesional. Sin embargo se da en el contexto de un país en el cual la violencia física, verbal, psicológica y económica contra las mujeres constituye un problema de grandes dimensiones que no siempre es atendido de la mejor manera. Existen casos documentados de féminas que acudieron en busca de ayuda a la justicia pero que a causa de la parsimonia del sistema no solo quedaron desamparadas sino que incluso fueron ultimadas por parte de sus convivientes o exparejas.

Si la denuncia de una magistrada del Estado no es atendida con celeridad, ya sea para investigarla o desecharla con causa justificada ¿qué pueden esperar las mujeres de escasos recursos, de áreas recónditas o sin la asesoría legal necesaria? No se trata tampoco de culpabilizar automáticamente al magistrado antes mencionado, pues tiene derecho a su legítima aspiración de inocencia, pero esto no significa que el aparato de justicia relegue su acción durante tanto tiempo, seis años según la denunciante.

Ahora que la denunciante y el denunciado han perdido su calidad de magistrados queda abierta la posibilidad de una pesquisa imparcial, seria y consecuente. Se requiere mucho valor para exponer públicamente una supuesta agresión que constituye motivo de vergüenza, tensión e intimidación. Por consiguiente, de ser verdadero el señalamiento expuesto por la magistrada Mijangos, debe seguir el proceso legal, no por ella sino en nombre de tantas víctimas, muchas de las cuales ya no pueden reclamar justicia.