Estados Unidos
EDITORIAL
Preocupante perplejidad oficial por caso Huité
Una pesquisa no se anuncia tres días después de un golpe criminal tan mortífero.
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La brutal matanza perpetrada por un comando armado en Huité, Zacapa, la noche del domingo 27 de septiembre, se encamina a convertirse en una de las mayores vulneraciones a la seguridad pública de Guatemala, dado el azoro que proyecta el Gobierno, que aún no brinda una explicación medianamente fundamentada de lo ocurrido. Ocho guatemaltecos fueron ultimados, prácticamente a mansalva, incluyendo a una madre y sus dos hijas que iban a echar combustible en la gasolinera para madrugar a trabajar un lunes que nunca llegó, por desgracia, para ellas.
Durante el sepelio de las víctimas hubo un indignado clamor de justicia. Por eso es preocupante que tres días después de la incursión del extraño grupo armado, en caravana, con movimientos tácticos y armamento pesado, no se tenga pista alguna de su filiación, procedencia o ruta de fuga. Solo se especula sobre un intento de captura o de atentado contra un líder del clan Lorenzana, sin mayor evidencia. Lo real es que hay familias rotas que demandan respuestas.
El gabinete de seguridad de Bernardo Arévalo no ofrece ninguna explicación, ni siquiera de aquello que está bajo su potestad, como Comandante General del Ejército; es decir, la presencia y pasividad de efectivos militares que estaban presentes en el lugar pero no intervinieron. Del lado del Ministerio de Gobernación, solo se limitaron a negar que se tratara de un operativo policial, mas no se aclaró qué hicieron los efectivos policiales destacados en el casco urbano de dicho municipio durante los violentos sucesos. Por eso mismo es de muy poco consuelo, y sí de mucho desgaste, el hecho de que tanto el mandatario como su ministro de la Defensa salieran ayer a anunciar la integración de una “comisión investigadora” del Ejército.
Una pesquisa no se anuncia tres días después de un golpe criminal tan mortífero: se inicia de oficio desde el primer momento. Se supone que existe una cadena de mando en el Ejército, que ya debería haber provisto las bitácoras de los procedimientos efectuados. Cualquier ocultación, subregistro, descuido o incluso defección deben analizarse como posibilidades. No es una exageración, sino una posibilidad que se amplía conforme se prolonga la dilación de informes documentados.
¿Quién recibió la primera alerta? ¿Quién ordenó el desplazamiento? ¿Qué información recibieron los mandos? ¿Quién decidió que no debían ingresar al área? ¿Hubo coordinación con la Policía? Estas y otras preguntas no acusan por sí mismas al Ejército o al Gobierno. El Ministerio Público tiene la responsabilidad constitucional de investigar con independencia y calidad científica los mortales sucesos. La citada comisión investigadora no debería duplicar, entorpecer, filtrar ni interferir.
Todos estos cuestionamientos acerca de los mecanismos de comunicación y coordinación de la seguridad pública adquieren una mayor relevancia, si se toma en cuenta cómo el martes 29 de septiembre se registró una jornada de nueve ataques y balaceras en el área metropolitana y otros puntos del país. No es que se esté implicando relación entre los sucesos. Sin embargo, en las actuales circunstancias no basta solo saber quién es el autor material e intelectual de todas las agresiones, sino qué tan preparada está la estructura de seguridad para detectar amenazas, compartir información, coordinar instituciones y responder cuando los hechos ocurren de una forma tan secuencial en un mismo día. Por supuesto, la concentración de eventos en un martes de tantas decisiones, posterior a un domingo tan aciago, también puede generar nuevas hipótesis.
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