Estados Unidos
EDITORIAL
Rectores, llamados a servir a Guatemala
Ser rector de una universidad privada es ante todo un servicio a Guatemala.
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El agotamiento del sistema de comisiones de postulación se fue precipitando a causa del notorio afán de ciertos grupos interesados en incidir en la designación de ciertos cargos y magistraturas. Esto llegó al colmo de crear entes que no han graduado ni un solo profesional, cuyas sedes son de cartón, pero que reclaman voz y voto. Eso por no mencionar otras universidades regidas por personas con claros nexos políticos, lo cual constituye un dudoso privilegio para cierto grupo en detrimento de la esperada equidad e imparcialidad. En otras palabras, el mecanismo que buscaba reducir el conflicto de interés se ha visto contaminado por este mismo concepto.
Sin embargo, en este momento no existe ninguna vía alterna para efectuar la designación de aspirantes, en este caso, a dirigir la Contraloría General de Cuentas de la Nación, institución técnica a cargo de auditar el manejo de recursos públicos, sobre la cual siempre hay puestas muchas ambiciones, deseos de aquiescencia o incluso intentos de alinearla en favor de ciertos intereses, lo cual en sí mismo es un afán vergonzoso, lesivo y, a la larga, contraproducente.
A la sombra de lo sucedido en previas postuladoras este mismo año, se puede destacar la valentía de varios rectores que han defendido el mejor interés del pueblo de Guatemala; otros no tanto, pero que no están tarde para corregir el rumbo y demostrar entereza ante las presiones e incluso denunciarlas públicamente. En el caso del rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, reelecto en dudosas condiciones de legalidad sujetas a impugnaciones aún sin resolver por la Corte de Constitucionalidad, su conflicto de interés es directo, porque carece de finiquito de la Contraloría y su participación en la designación de aspirantes contaminaría el proceso.
Por eso mismo, no sería recomendable ni adecuado que Mazariegos presida la postuladora, como pretende hacerlo, y para eso está la capacidad profesional de los otros rectores para designar a alguien que no tenga afinidades partidarias directas. En diversos foros se han escuchado las incomodidades en algunos rectores que no desean el escrutinio público que implicaría regir la mencionada postuladora, pero encontrarse en tan importante posición era algo que sabían, de antemano, que venía con el cargo, pues ser rector de una universidad privada es ante todo un servicio a Guatemala.
Invariablemente en todas las declaraciones de valores y postulados de las universidades del país existen estamentos en los cuales se menciona la honorabilidad, la búsqueda de la excelencia y el respeto absoluto a los principios democráticos constitucionales que rigen a la nación y que deben reflejarse en cada una de sus instituciones. Así que el desafío no está en la declaración axiológica de cada casa de estudios dedicada a aportar profesionales capacitados, íntegros y competentes al país, sino en la verificación concreta de tales principios a través de decisión y acción.
El conflicto de interés es un concepto clarísimo por evitar, porque desvirtúa cualquier proceso en el cual esté presente. Una persona que podría —y, peor aún, necesitaría— tener un beneficio directo al incidir en la selección de aspirantes a contralor no debe estar al frente de un proceso tan relevante, porque lo estaría socavando con su sola presencia. Se anunció que la votación para elegir presidencia de la postuladora de contralor será pública, pero en estos tiempos pareciera que eso no basta; se necesita que no esté prefabricada y que sea libre de nexos comprometedores, porque de eso no solo depende un cargo, sino la confianza en la institucionalidad.
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