EDITORIAL
Repudiables abusos contra niñas
La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es un marco legal que debería ser abordado por abogados, fiscales y jueces.
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Es una monstruosa tragedia que sigue ocurriendo y que se alimenta principalmente de la podredumbre de la impunidad: niñas guatemaltecas víctimas de abusos sexuales que devienen en embarazos para los cuales no están preparadas ni física ni psicológicamente. Algunas apenas frisan los 12 o 13 años. En este abyecto submundo hay hipocresías, dobles caras, disfuncionalidades estatales y también graves prejuicios, en detrimento de la dignidad de las menores y las mujeres, lo cual conduce a tan brutales agresiones.
La doble cara no solo es de perpetradores que en ciertos casos pueden tener algún tipo de parentesco, cercanía o acceso a las niñas; también lo es del sistema de justicia. Por ley, cualquier parto de una menor de edad debe ser reportado e investigado, sobre todo si tiene menos de 15 años, pues denota una violación. Sin embargo, las cifras son tan elocuentes, pasmosas, desoladoras: en el lustro 2018-2023 se registraron en Guatemala 12 mil 743 alumbramientos por niñas de entre 10 y 14 años. Este rango de edad no admite ninguna justificación para relaciones sexuales y, por ende, se trata de violaciones perpetradas por pervertidos que deben ser procesados y castigados judicialmente.
De esa cifra, menos del uno por ciento de los agresores fue sentenciado por el sistema de justicia guatemalteco, según el reciente informe de Humans Rights Watch. Pero más indignante aún es que seis mil 697 casos fueron desestimados por fiscales del Ministerio Público, una institución que se dice firme contra el delito y cuya dirigencia a menudo invoca altos valores éticos, por lo que debería ser implacable ante esta clase de felonías que condenan a las niñas a una vida de limitaciones, así como a miles de bebés, inocentes frutos de estos abusos continuados.
También pesa buena parte de responsabilidad sobre muchos jueces de Niñez y Adolescencia, que incluso en este momento están ejerciendo sus cargos porque los otros seis mil casos de obvias agresiones contra niñas de entre 10 y 14 años han sido archivados, con lo cual se amplía el espacio de impunidad que constituye uno de los principales incentivos perversos para la continuación de este tipo de hechos.
Pero de ninguna manera podemos caer en el desconsuelo como país ante un lastre tan oscuro y destructivo. La ciudadanía puede, y debe, exigir, demandar y reiterar a través de los numerosos canales de expresión actual su más absoluto rechazo a los abusos sexuales contra niñas. Así también, esta postura de repudio debe ser asumida por líderes e instituciones religiosas, directamente relacionadas con los más altos valores espirituales, éticos y de conducta: esto tendría especial valor e impacto en un país donde más del 90% de la población se declara cristiana. Condenar desde los púlpitos este tipo de tropelías contra niñas y exigir justicia penal para ellas no es pecado.
Desde el lado estatal se debe empezar por el auxilio a las niñas víctimas de abuso, así como a las madres menores de edad. La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es un marco legal que debería ser abordado por abogados, fiscales y jueces, a fin de plantear cambios que beneficien al sector que se busca proteger. La información es clave en todos los idiomas que se hablan en el país, a fin de que las madres y sus hijas puedan enterarse de la posibilidad de denunciar abusos, que a menudo callan por vergüenza, miedo, amenazas o simple sensación de impotencia. Pero a fin de cuentas solo los precedentes judiciales ejemplares y severos en contra de ofensores sexuales de niñas puede poner coto a esta barbarie.
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