Estados Unidos
Editorial
Repudio a toda coacción, amenazas o violencia
La libertad de expresión, acción y petición son baluartes de Guatemala y de los guatemaltecos.
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Pocos días han pasado desde el deleznable asesinato del abogado y analista político Juan Francisco Solórzano Foppa, en el cual fue víctima colateral el deportista Gustavo Aguilar, hecho que revive deplorables épocas de intolerancia de hace medio siglo, justo en donde están varados los autores intelectuales de tal barbarie, que son un peligro real tanto para la democracia como para toda la ciudadanía, porque atentan no solo contra personas, sino contra el Estado de derecho y las garantías constitucionales, incluyendo la Libertad de Expresión, el derecho de acción y de petición.
El abogado Édgar Ortiz Romero denunció ayer que integrantes de la iniciativa civil Poder Ciudadano han sido objeto de seguimientos e incluso han sido fotografiados en sus actividades, como una evidente herramienta de intimidación. Tal práctica se asocia, sobre todo, con netcenteros anónimos y gavillas reaccionarias que exhiben en redes a quienes no les simpatizan, incluyendo periodistas investigativos, para evidenciar que están siendo observados, lo cual, en sí, implica una tácita amenaza.
Ortiz presentó la denuncia en septiembre, y ante la continuación del furtivo acecho, decidieron suspender un congreso que tenían previsto para el 31 de octubre. Sin embargo, además de contratar seguridad privada y limitar su locomoción, han logrado captar en fotografías y videos a los acosadores, indicios que serán adjuntados a la denuncia previa, que no es poca cosa. Esas prácticas, que incluso se sospecharon a lo interno de la anterior administración del Ministerio Público, son inadmisibles y también punibles, ya que podrían encajar en delitos de amenazas y coacción contra la libertad política, que están claramente tipificados en el Código Penal.
Esta denuncia debe ser atendida e investigada, sobre todo luego de los recientes crímenes, perpetratos en público y con la obvia intención de sembrar terror. Cierto es que nada ayudaron las acciones ilícitas de agentes que intentaron implantar un arma a dos mensajeros pero que fracasaron en su intento debido a las voces ciudadanas que reclamaron una pesquisa certera. Y es justo allí donde salta a la vista la necesidad de defender el derecho a la libre expresión del pensamiento.
Todavía se investigan los móviles del asesinato de Solórzano Foppa, pero no es difícil suponer que sus señalamientos, con nombres y apellidos sobre nexos de narcos, pandilleros y politiqueros sucios pudieron asustar a más de una camarilla oscura, criminal y retrógrada. Por ello, es posible que la sola propuesta de Poder Ciudadano —firmada por miles de guatemaltecos— para hacer más exigente y democrática la selección de magistrados de cortes esté quitándole el sueño a más de un negociador de privilegios o traficante de influencias, incluyendo a fabricantes de universidades de cartón que han servido para tomar por asalto las postuladoras.
Los extremismos son intolerantes a la crítica, y otra muestra de ello han sido los asesinatos de dos periodistas departamentales que señalaban casos de corrupción o las amenazas contra el medio digital República, en agosto. Pero el oscurantismo se combate arrojando más luz sobre lo que se quiere ocultar. Mafias intentarán copar puestos a través de financiamiento sucio. Por eso urge investigar intimidaciones, identificar a los rastreadores y determinar si existe una estructura mayor detrás de tales estrategias de amedrentamiento. El rechazo a esos delitos debe ser unánime. No se necesita estar de acuerdo con otro para defender su derecho a expresar su opinión con nombre propio y dando la cara. La libertad de expresión, acción y petición son baluartes de Guatemala.
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