EDITORIAL
Repunte de violencia, excusas y fariseísmos
Existen áreas urbanas en total abandono de la seguridad, tercerizada de facto a oscuros sectores.
Quizá solo es coincidencia, pero en los días previos y en la fecha misma de la interpelación parlamentaria del titular de la cartera de Seguridad, Francisco Jiménez, se produjeron varios sucesos extremadamente violentos, incluyendo el ataque armado contra un taxi en la zona 17, a plena luz del día y en medio del masivo tráfico, en el cual fue ultimada una joven de 14 años, hecho por el cual fueron detenidos cuatro presuntos victimarios. Hará falta ver qué evidencias presentan las autoridades y el tratamiento que les dan el Ministerio Público y los jueces, dicho sea esto para recordar que sí se necesita una transformación del aparato policial, con modernización tecnológica y táctica, pero también mayor eficiencia en la persecución judicial para sentar precedentes claros.
En la frialdad de los números, que nunca llegarán a reflejar el horror, la indignación y el dolor de las familias de víctimas mortales, las cifras de asesinatos presentan una tendencia a la baja, la cual se estanca en agosto y en la medición por departamentos incluso tiene repuntes en algunos territorios. Gobernación repite, quizá por mala gestión de comunicación, que se trata de una percepción, lo cual quizá tiene cierto fundamento estadístico, pero elude criterios de empatía, humanidad y solidaridad para con los dolientes, así como para con las comunidades que quedan en vilo tras las acciones criminales.
Por otro lado, diputados opositores, que incluso pertenecieron al gobierno que descabezó una cúpula policial eficiente para una falsa “oxigenación”, se rasgan las vestiduras, denuncian el repunte, culpan a los funcionarios de turno y les arman juicio político, pero de allí no pasan. Tendrían que pasar la criba en la efectividad de las fiscalías relacionadas y en las condenas emitidas por juzgados, así como en la evaluación de penas contra delitos violentos en el Código Penal.
Para nada esto es una excusa ni una apología oficiosa. El gabinete de seguridad tiene varios frentes abiertos: el actuar de las pandillas con todo e infiltración de mareros salvadoreños, el replanteamiento y modernización del despliegue de agentes, la necesidad de establecer puentes efectivos con líderes comunitarios para generar acciones constantes de prevención y denuncia, la depuración del Sistema Penitenciario, en donde siguen las requisas, así como hallazgos de celulares, terminales de internet, drogas, armas y más objetos prohibidos, sin que se logre cerrar el flujo perverso que seguramente enriquece a más de una persona.
Existen áreas urbanas en total abandono de la seguridad, tercerizada de facto a oscuros sectores, como ocurre en los puntos aledaños al Hospital Roosevelt, en donde funcionan locales sin permiso, pululan cobradores extorsivos y bandas de asaltantes desde las pasarelas hasta el mercado El Guarda, no de ahora, sino desde hace una década. Envían patrullas y luego todo sigue como si nada. Pero tampoco no hay algún diputado o diputada que llegue a verificar las necesidades reales para impulsar acciones que no sean pantomimas.
La población siempre queda en medio. Es rehén, a veces de la delincuencia y a veces de los politiqueros que piden “mano dura”, aunque ya no con esa frase porque está presa del descrédito. Ya es tiempo de que se deje de peroratas tecnocráticas, apelaciones farisaicas o endoso de culpas cualquier funcionario público de cualquier organismo del Estado vinculado con la obligación de garantizar la seguridad pública o de procesar y sancionar delitos contra la vida o la propiedad. La violencia es un problema sistémico que se debe atacar en varios niveles, y no solo con falso protagonismo en cámaras de TV o redes sociales.
ESCRITO POR:
