Aunque podría ser sencillo suponer, resulta muy difícil dictaminar aún si la relajación de algunas restricciones anunciada el 19 de abril último, como abrir movilidad entre ciertos departamentos o ampliar dos horas el horario de actividades, figuran entre los detonantes del actual repunte de casos de covid-19, si bien el período de incubación coincide. En todo caso, el momento epidémico actual es crítico, debido a que la capacidad hospitalaria está por llenarse, a lo cual se suma la sombra del posible desabastecimiento de insumos y un buen número de guatemaltecos, ya sea por necesidad, compulsión o displicencia, no parecen darle mucha importancia a las medidas de distanciamiento y prevención.

En ese contexto, el presidente Alejandro Giammattei amplió repentinamente, el jueves último, las restricciones a la circulación de vehículos y actividad comercial, incluyendo días de cierre total en mercados y supermercados. Además, este fin de semana es de estricto confinamiento, lo cual desató una desmesurada afluencia de personas a mercados y tiendas de barrio, al punto de que se llegó a cuestionar la temporalidad de la decisión gubernamental, por su efecto masivo. Expertos en epidemiología concluyen que, aunque la fase de contención ya pasó, es prudente tratar de frenar la curva de propagación.

Es devastador el impacto de estas medidas en el comercio, los ingresos familiares y los gastos de empresas; vendedores de mercados se quejan de pérdida de productos, pilotos de taxis y mototaxis resienten la nueva suspensión y los consumidores se quejan de las aglomeraciones en cajeros automáticos o en negocios de barrio, en donde muchos víveres volaron gracias a una nueva psicosis colectiva.

Por su parte, el empresariado organizado del país dio a conocer su malestar a causa de las repentinas disposiciones, que ponen en apuros determinadas operaciones logísticas, manejo de inventarios, traslado de materias primas y mercancías o bien transporte de personal. Sin embargo, con todo y los inconvenientes expresaron su acatamiento a las disposiciones presidenciales, en favor de la salud de los guatemaltecos y por un lógico principio de respeto institucional.

Es oportuno recordar lo inédito que resulta el desafío sanitario del coronavirus y que, a pesar de las experiencias de otros países, cada nación tiene sus propias características culturales, capacidades estatales y condiciones económicas. De hecho, en el caso de Latinoamérica, se teme que pueda llegar a convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, a causa de las deficiencias en sus sistemas de salud y de seguridad social.

En este contexto se desarrolla desde hace dos meses la respuesta sanitaria guatemalteca, sobre la cual existen múltiples posturas, desde la aprobación hasta el desacuerdo total o parcial, un espectro de reacciones que se registra con todo tema de interés público, con la diferencia de que la atención al covid-19 tiene en un extremo la amenaza mortal a la salud y en el otro al deterioro económico que golpea a la población: una disyuntiva sobre la cual hay también múltiples opiniones, pero que constitucionalmente corresponde al Gobierno regir y sobre lo cual rendirá cuentas. Se puede y se debe escuchar a múltiples voces, pero es imposible quedar bien con todo el mundo. Corresponde al ciudadano asumir su responsabilidad, respetar los protocolos de salubridad y, si acaso le es posible, ayudar a otros hermanos que están en peor situación a causa de la misma crisis que golpea a todos.