Conforme se acerca la campaña electoral y toda su parafernalia, resulta predecible, sintomática y a menudo sardónica la repentina apertura de posibles candidatos y candidatas a cargos de elección, sobre todo en redes sociales, para dar a conocer momentos o aspectos de su vida personal, la mayoría francamente irrelevantes pero que intentan mostrar una cotidianidad que les permita venderse ante la ciudadanía, desde fingir alguna preparación de cocina, exhibir su emoción en un evento público o enviar saludos desde algún espacio casual, domiciliar o recreacional. Esto contrasta cuando llegan a un cargo y para rehuir ciertas solicitudes de datos aducen derecho a la privacidad y a la vida íntima, sin darse cuenta de que desde el momento en que se postularon y, por ende, al ser electos, ellos mismos convirtieron en factores relevantes de interés público sus actos, sus relaciones, sus nexos, sus contextos e incluso su estado de salud, física o mental.

Este interés público no es curiosidad malsana, no es morbo ni constituye un ataque o acoso, sino una simple consecuencia, tácitamente aceptada, desde el momento en que una persona se decanta por tener una proyección pública. El manejo de asuntos y recursos públicos demanda idoneidad y transparencia, sobre todo cuando se trata de cargos electos luego de solicitar, pedir, implorar el voto ciudadano y tras solicitar, pedir o procurar espacios en medios de comunicación y cuanto foro de prestigio se les coloca enfrente.

El derecho a la vida personal es una garantía de todo ciudadano, pero cuando se opta libremente por aspirar a un cargo sufragado con fondos públicos y cuyas atribuciones, acciones u omisiones tienen impacto en la Nación, tal esfera individual también adquiere relevancia, dada la prominencia de su función.

Desde noviembre circula información sobre quebrantos en la salud del presidente Alejandro Giammattei Falla. Oficialmente se informó, el 29 de ese mes, sobre “estudios” a los que fue sometido por una gastritis aguda. Ya desde enero último era motivo de comentarios la notoria baja de peso del mandatario, quien en la sesión del 14 de ese mes dijo que era “gracias al ayuno intermitente que he hecho, con el que he bajado 50 libras”. A inicios de este diciembre, un diputado pidió instalar una comisión para verificar la salud del gobernante, lo cual fue criticado por el vocero presidencial, Kevin López: “Es deleznable politizar la salud de una persona con fines partidarios de cara a un proceso electoral”.

Quien ejerce la presidencia del país es un ciudadano, pero no cualquier ciudadano, debido a sus responsabilidades. Merece respeto, pero también lo merece la ciudadanía a la cual juró servir al asumir el cargo. Inquirir sobre su salud es lícito porque todos los actos de gobierno son públicos, según el artículo 30 constitucional. El 11 de junio de 2021, Prensa Libre solicitó a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, en atención a la Ley de Acceso a la Información Pública, un reporte oficial sobre la salud de Giammattei, ante rumores de que padecía covid-19. La respuesta, cinco días después, fue que no había documentos al respecto. Este argumento contrasta con el anuncio que hizo el propio presidente, el 18 de septiembre de 2020, de que era positivo para coronavirus, lo que documentó por Twitter.

Se desea una satisfactoria recuperación a la persona del presidente por el padecimiento gástrico reportado, pero es una cuestión de madurez, responsabilidad e integridad hacer pública de oficio cualquier complicación o afección ulterior que pudiera incidir en el desempeño del cargo.