Estados Unidos
EDITORIAL
Sin exigencia de calidad, aumentos son insalubres
No puede haber aumento con citas antojadizas porque luego vendrá otro grupo y otro.
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Cada vez que un sindicato del Estado exige un aumento salarial, el debate suele presentarse falazmente como disyuntiva: complacer la demanda o estar en contra de “la clase trabajadora”, expresión discursiva frecuentemente utilizada. Pero es una falsa dicotomía. La verdadera discusión debe girar en torno a preguntas, criterios y factores mucho más amplios: ¿Hasta dónde puede comprometerse el dinero público sin poner en riesgo las finanzas del país en el mediano y largo plazos? Pero de eso no les interesa hablar a ciertos dirigentes que gustan de usar apelaciones ad misericordiam y ad populum para vociferar consignas. Suelen aceptar “mesas de diálogo” siempre y cuando se consientan sus demandas, y en esos vaivenes avanza la lesiva miopía presupuestaria sufragada por aquellos mismos ciudadanos a los que dicen atender.
Sí, los trabajadores de la salud cumplen una función indispensable: médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y operativo sostienen un sistema que durante años ha sufrido abandono, carencias de insumos e infraestructura deficiente. Sí, es legítimo que aspiren a mejoras en su remuneración, acorde con la importancia de su trabajo, pero también a su calidad de desempeño debidamente auditada y acorde a la capacidad pública, que no es infinita.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala plantea un aumento salarial de hasta Q4 mil mensuales, además del traslado masivo de trabajadores al renglón 011, ascensos casi automatizados, aderezando todo con el manido discurso de pedir abasto de medicamentos e insumos para la atención hospitalaria —cuyo presupuesto podría quedar condicionado por las partidas que implique el pretendido incremento—. Y eso que ya tuvieron un beneficio.
En el 2025 se otorgó un aumento de Q1 mil 200 para trabajadores permanentes y un incentivo económico de Q2 mil para personal contratado. Pero no les basta. Quizá porque entre sus dirigentes existen personajes que ya figuraron en procesos judiciales por un pretérito pacto colectivo con visos de amaño y un pago que derivó en acusación de lavado de activos y que nunca tuvo proceso judicial porque lograron derivarlo a un tribunal laboral.
Es justo que el talento humano salubrista pueda tener acceso a plazas laborales estables, pero no por decreto, y menos aún por afinidades con dirigencias cuestionadas. Debería condicionarse cualquier mejora a la aceptación de una normativa de conducta y evaluación de desempeño. Y es que algunos de estos grupos invocan democracia y Estado de derecho, pero enarbolan pancartas con la efigie de un caudillo intolerante y antidemocrático. Pero parte de la responsabilidad de este vórtice de pretensiones y apuestas con dinero público la tienen sucesivas autoridades ministeriales, que prefirieron transar que abordar la transformación integral del sistema de salud. No han faltado las peroratas populistas de diputados que con el afán de congraciarse de cara a la siguiente elección, empeñan el futuro. Para mayor discusión hace falta eliminar discrecionalidades en el sistema de salud como el combate del nepotismo, la herencia de puestos o el control tecnológico de inventarios, lo cual también podría causar resquemores. Pero el desafío subsiste: encontrar un equilibrio, con justicia laboral pero también integridad presupuestaria y meritocracia. No puede haber aumento con citas antojadizas porque luego vendrá otro grupo y otro, así como hizo hace poco un sindicato del Congreso —con privilegiados—, al que le concedieron sus caprichos económicos a costa de los impuestos de los guatemaltecos.
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