Guatemala se encuentra en su nivel más bajo de libertad de prensa desde el inicio de las evaluaciones efectuadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, a causa de múltiples agresiones directas e indirectas en contra de comunicadores sociales cuyas opiniones y proyectos informativos resultan incómodos a autoridades del Estado. La utilización de procesos judiciales, intimidaciones, veda de acceso a información pública e incidentes de violencia policial forman parte de este deterioro que pone al país prácticamente a un paso de caer en la categoría roja, en donde están Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde simplemente no hay libertad de prensa.

A lo largo de varios gobiernos guatemaltecos se han señalado prácticas que entorpecen el ejercicio del periodismo independiente, sobre todo en las proximidades de procesos electorales, cuando los gobiernos intentan la reelección y buscan evitar las denuncias de corrupción, manejos clientelares de recursos públicos o propaganda a través de obra pública. En áreas de provincia esto es especialmente riesgoso para corresponsales locales que pueden ser objeto de intimidación por parte de mafias del crimen organizado coaligadas con autoridades ediles, diputados o aspirantes emergentes conexos con rivales.

La SIP condena el encarcelamiento del periodista Jose Rubén Zamora sin las debidas garantías de derecho de defensa o la velada persecución contra el periodista Juan Luis Font, en el exilio debido al hermetismo del Ministerio Público acerca de posibles pesquisas en su contra que no son confirmadas ni negadas por estar bajo reserva. No se defiende la comisión de ilícito alguno, sino el derecho de defensa, la igualdad ante la ley y la garantía de libre expresión que ampara los señalamientos contra funcionarios en ejercicio del cargo.

Empresarios que en algún momento guardaron silencio sobre la creciente censura en Nicaragua o Venezuela lamentan hoy la confiscación de bienes, el deterioro del aparato productivo, la pérdida de patrimonios bajo medidas arbitrarias e incluso la cárcel; pero solo cayeron en la cuenta de haber sido cómplices por omisión cuando ya era tarde. No existe economía competitiva de mercado sin libertad de expresión y acceso a la información. No puede haber crecimiento económico sostenido si existen funcionarios o allegados estatales que abusan del poder, trafican influencias y ejecutan directrices disfrazadas de procesos legales para acallar las incómodas críticas y denuncias de corrupción.

La reacción del gobierno actual ante el pronunciamiento de la SIP ha sido tosca, lacónica e inadecuada. Se limitó a calificar de “falsa” la condena moral del más prestigioso ente periodístico del continente, en lugar de ofrecer revisiones de procesos y enmendar conductas. Desde el Estado se ha intentado repetidamente limitar la información pública a través de la emisión de leyes ambiguas, aunque irónicamente hay perfiles de redes sociales proclives al oficialismo que inexplicablemente reciben filtraciones de procesos judiciales y acciones del MP contra periodistas, fiscales, jueces y opositores.

La ciudadanía es la mejor auditora de la calidad informativa de medios y periodistas, pues juzga en quién confiar con base en datos, cotejos y crítica fundada. Lamentablemente, en el continente son varios los gobernantes que sucumben ante las adulaciones egolátricas de sus roscas y el acicateo interesado de financistas convenencieros escondidos tras bambalinas, que les dibujan arco iris que distan mucho de la dura realidad que golpea a los ciudadanos, ante la cual actúan con dolosa indiferencia, quizá para convertirla en distractor.