Estados Unidos
Editorial
Sospechosa tardanza en caso Hogar Seguro
Y si ocho veces no es sospechoso, hay que ver el lapso de dilación: se reprogramó para enero del 2027, cuando esté más cerca de cumplirse una década de la tragedia.
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De entrada cabe cuestionar si a nivel de jueces o del Organismo Judicial existe algún tipo de interés, acuerdo o subrepticio pacto para proteger a la jueza suspendida Rocío Murillo, implicada en el mortífero siniestro del Hogar Seguro, acaecido el 8 de marzo del 2017: por octava ocasión se suspendió la audiencia de apertura a juicio, programada para ayer en el Juzgado Cuarto Penal. Y si ocho veces no es sospechoso, hay que ver el lapso de dilación: se reprogramó para enero del 2027, cuando esté más cerca de cumplirse una década de la tragedia que segó la vida de 41 menores de edad guatemaltecas bajo tutela del Estado.
El supuesto incumplimiento de deberes del cual se señala, entre otros delitos, a Murillo fue muy grave, pues su actuación oportuna pudo haber marcado la posibilidad de sobrevivencia de aquellas menores: la Procuraduría de Derechos Humanos solicitó un recurso de exhibición personal a Murillo, entonces jueza de Paz de San José Pinula, y ella debió cumplir tal garantía la noche del 7 de marzo, cuando se suscitó el intento de fuga de las niñas, quienes denunciaban maltrato y abusos; sin embargo, a pesar de su cargo, que le otorgaba prerrogativas de ley, no practicó el habeas corpus. Adujo que la Policía no le permitió pasar, pero no lo denunció ni lo hizo constar. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la jueza registró falsamente que sí se había hecho la diligencia. A la mañana siguiente se produjo el letal incendio.
Hace un año se emitieron las primeras condenas, de seis a 26 años de cárcel, contra exfuncionarios del extinto “Hogar Seguro” y la agente policial que tenía la llave del aula siniestrada. Sin embargo, contra la juzgadora suspendida y contra otros tres señalados continúan las prórrogas, que ya son excesivas.
Pero no es el único retraso: en la sentencia del año pasado, la jueza Íngrid Vannesa Cifuentes, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal de la Ciudad de Guatemala, también le ordenó al Ministerio Público proseguir con las investigaciones en contra de otros posibles implicados en el hecho. Algunos de estos nombres surgieron desde el infausto 8 de marzo y se volvieron a mencionar en el juicio; entre estos el del expresidente Jimmy Morales. El excomisario Wilson López Maldonado dijo que el 7 de marzo del 2017, luego de haber localizado y devuelto al hogar a las menores, la PNC se disponía a retirarse, pero el asesor Carlos Beltetón lo habría impedido y le informó a Morales, quien ordenó llevar más agentes y permanecer en el lugar.
La jueza Cifuentes también ordenó que el Ministerio Público investigue al exasesor Carlos Beltetón, quien fue mencionado en reiteradas ocasiones como el intermediario del entonces mandatario para que los cuerpos policiales ingresaran al albergue estatal. Asimismo, hubo exfuncionarios, allegados de Morales, que fueron prácticamente librados de enfrentar juicio mediante amparos provisionales otorgados por la Corte de Constitucionalidad en el 2025.
Hasta ahora se desconoce si existe alguna pesquisa o si la Fiscalía ha acatado la orden de la juzgadora. Cabe recordar que entre el 2018 y mayo último estuvo al frente de la Fiscalía Consuelo Porras, designada por Jimmy Morales y reelecta en el 2022 por Alejandro Giammattei. La nueva administración, encabezada por Gabriel García Luna desde mayo último, ya debería tener algún indicio del estatus de cumplimiento de dicha orden. Mientras tanto, también se debe poner bajo la lupa la conducción del Juzgado Cuarto, por tantos rezagos. De pronto y para la audiencia de enero haya nuevos encartados.
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