EDITORIAL
Terremoto en Colombia obliga a la reflexión
A pesar del riesgo constante, la normativa de construcción sismorresistente es laxa respecto de la obligatoriedad de aplicarse en todo el país.
Los guatemaltecos pudieron sentir el pavor y la impotencia en los impactantes videos que prácticamente transmitieron en tiempo real el terremoto que afectó varios departamentos de Colombia, la mañana del lunes. Siguen aún el descombro y el recuento de fallecidos y heridos, y la evaluación de daños en edificios, casas, templos. Ciudades como Cali, Pereira, Quibdó y Manizales son las más afectadas, pero el dolor no respeta demarcaciones ni fronteras. Colombianos en el extranjero viven con angustia el pesar de sus familiares y coterráneos, pero junto con ellos, muchos países han expresado su solidaridad y ofrecimientos de apoyo. Deseamos fortaleza al pueblo de Colombia en este difícil momento.
Los daños son grandes, pero dicho país cuenta con un Reglamento vigente de Construcción Sismorresistente, NSR-10: un marco que exige ciertos criterios para el diseño y construcción de edificaciones. Este tipo de norma surgió a raíz del terremoto de Popayán, de 1983; fue renovada en 1997 y en 2010. Es muy probable que tal exigencia legal haya evitado una mayor cantidad de víctimas. Por supuesto, cada vida cuenta y solo a través de la prevención es posible salvar la integridad de personas ante fenómenos telúricos. En dicho país se habla actualmente de actualizar dicha ley, acorde a los más recientes criterios técnicos.
Justo allí contrasta con la realidad sísmica de la República de Guatemala. Solo en 2026 ya van más de cuatro mil movimientos telúricos detectados, de los cuales unos 120 han sido sensibles, como el del 17 de julio, que duró más de 30 segundos. En los 15 años recientes, en Guatemala han ocurrido al menos cinco terremotos, de efectos bastante focalizados, pero muy reales, cada uno de los cuales recuerda la devastación del desastroso evento del 4 de febrero de 1976.
Sin embargo, a pesar del riesgo constante, la normativa de construcción sismorresistente es laxa respecto de la obligatoriedad de aplicarse en todo el país, pues permite la construcción que no sea 100% formal y propicia la autoconstrucción que se ve alrededor de todo el país, sobre todo en las crecientes ciudades intermedias de la provincia, donde, además, las autoridades regulan poco los estudios de suelos aptos para edificaciones.
Y no es por falta de diagnósticos ni de expertos. Guatemala también cuenta con científicos y profesionales de amplia trayectoria y propuestas técnicas para enfrentar la amenaza sísmica. La Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica (Agies) ha desarrollado las Normas de Seguridad Estructural para Guatemala, con criterios específicos para viviendas, incluso de rango popular, según condiciones del terreno y criterios accesibles para el diseño estructural.
Estas normas son aplicadas por muchas empresas inmobiliarias y la obra pública está obligada a seguir estándares antisísmicos, mas no las construcciones particulares sin asesoría profesional. Nadie puede negar que el territorio guatemalteco forma parte de una región sísmicamente activa. Los sismos forman parte de la historia del país. ¿Por qué no pueden formar parte de la cultura constructiva? Las comunas son muy buenas para espiar en los barrios si alguien está construyendo o ampliando su vivienda, a fin de cobrar por autorizar licencias, pero se lavan las manos sobre la exigencia de calidad estructural. Este debate debería involucrar al Congreso de la República, al Ejecutivo, las municipalidades, Conred, Agies, las universidades, los colegios profesionales y el sector de la construcción. Mientras tanto, pululan viviendas de tres y cuatro niveles que desafían las leyes físicas e incluso lógicas, por falta de control legal.