Estados Unidos
EDITORIAL
TSE debe mejorar criba de finanzas electorales
Si solo se audita una campaña cuando termina, entonces se deja abierto un portón a la llegada de perfiles dudosos al Congreso, municipalidades e incluso el Ejecutivo.
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En los postulados de todos los partidos políticos y en los discursos de sus directivos o precandidatos suele figurar, de una u otra forma, la aspiración, exigencia o exhortación a impulsar mayor probidad en las cuentas del Estado. Y la mejor forma de demostrar con coherencia ese compromiso debería ser la rendición de cuentas estricta de sus propias finanzas, por una sencilla razón: los partidos son organizaciones de derecho público, que solicitan el voto para desempeñar cargos para el ejercicio del poder delegado por la ciudadanía.
Por otra parte, la democracia no solo se compone de urnas, partidos, candidatos y ciudadanos dispuestos a votar: también necesita de funcionarios y magistrados que cumplan con su deber para resguardar a la institucionalidad del asedio de mafias que buscan infiltrar instancias del Estado para sus aviesos fines. Los tiempos tecnológicos han avanzado, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala s continúa con métodos anacrónicos para auditar las finanzas de los partidos políticos.
Van cinco meses desde que la actual magistratura electoral asumió y, hasta el momento, no existe una sola guía, exhortación o apercibimiento para frenar la campaña anticipada que pulula, sobre todo, a través de medios digitales. Hay una creciente cifra de denuncias por este hecho ilícito electoral, pero hasta ahora no hay precedentes ejemplares. El problema, por desgracia, no es nuevo; pero sí es prácticamente inusitado el riesgo del asedio de capitales sucios. Es urgente que los magistrados electorales dejen el mutismo y la cháchara burocrática para sentar las bases de la nueva auditoría de finanzas electorales. No, no deben esperar aprobación de las organizaciones para ejercitar sus cargos en favor del bien común. ¿O será que en efecto fueron elegidos por los partidos para que siga la inercia?
El TSE sigue conformándose con revisar informes de ingresos y gastos confeccionados por las propias organizaciones políticas, en formatos caducos que no permiten cruce digital de datos. Es como si no supieran que el aporte ilícito puede fragmentarse, triangularse, disfrazarse como “donación” individual, utilizar intermediarios o disfrazarse con costos irrisorios de adquisiciones. A estas alturas de la historia se necesitan capacidad sólida de análisis financiero, cruces automatizados de información con la Intendencia de Verificación Especial y una magistratura que no se doblegue ante la presión.
La modernización de las cuentas partidarias debe apuntar a identificar patrones sospechosos, concentraciones de donantes, movimientos incompatibles con la capacidad económica declarada o gastos que no correspondan a la actividad reportada. Si a ello se suma la exigencia de facturas electrónicas para toda contratación de bienes y servicios para las actividades partidarias, se tendría una poderosa maquinaria para detectar capitales sucios y proceder conforme a derecho.
Si solo se audita una campaña cuando termina, entonces se deja abierto un portón a la llegada de perfiles dudosos al Congreso, municipalidades e incluso el Ejecutivo. El propio TSE ha trabajado desde 2025 en la actualización de los reglamentos relacionados con la fiscalización financiera de las organizaciones políticas. Sin embargo, la campaña fantasma sigue con un obvio dispendio de recursos. Los partidos no pueden alegar ignorancia de la ley ni oponerse a la modernizacición de la auditoría de fondos, pues parte de su función es garantizar que quienes aspiran al poder público lleguen bajo condiciones de transparencia, en el entendido de que fondos provenientes de cualquier actividad ilícita son veneno para la democracia que pregonan.
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