El Congreso no tiene pretextos ni puede alegar ignorancia acerca de los vínculos de varios aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones incluidos en las nóminas sobre quienes pesa la sombra del operador político Gustavo Alejos Cámbara, procesado en cinco casos vigentes y quien en febrero último fue fotografiado mientras recibía visitas integrantes de comisiones de postulación, candidatos a magistraturas, diputados y exfuncionarios mientras se encontraba internado en un sanatorio de la zona 2 bajo medida sustitutiva.

Un inédito amparo solicitado ante la Corte de Constitucionalidad por la Fiscal General para frenar la elección de cortes por posibles vicios fue otorgado provisionalmente el 24 de febrero y confirmado el 6 de mayo. Sus efectos legales marcan un valioso precedente, puesto que se ordenó al Congreso suspender la elección hasta contar con un informe del Ministerio Público acerca de los integrantes de la nómina de aspirantes, la existencia de posibles procesos, investigaciones y nexos con personas o sectores que pudieron haber injerido en la selección.

Dicho informe fue revelado y entregado ayer. El mismo no solo confirma los acercamientos con Alejos de comisionados en funciones y de aspirantes a magistrados, sino también de diputados, que son quienes participan en la elección final. Además, el análisis de llamadas y mensajes de texto del celular de Alejos —al cual se tuvo acceso mediante orden judicial— develó una planilla de nombres con conexiones, cargos y marcados intereses, incluyendo a más diputados.

Es una verdadera vergüenza para el gremio del Derecho contar entre sus filas con personas que utilizan garantías ciudadanas y privilegios profesionales para incurrir en desfachatados tráficos de influencias para su propio beneficio o como mandaderos de otros interesados. A estas alturas de la historia, son evidentes los favoritismos de la justicia para determinadas personas con influencia política, en una perversión total del sistema de selección que buscaba integrar la cúpula del Organismo Judicial con personas idóneas, con recta trayectoria e independencia política.

Como mínimo, los diputados que por amistad o intereses hayan concurrido oficiosamente al área clínica o a la zona privada en donde el señor Alejos tenía bebidas alcohólicas y finos cortes de carne almacenados, deberían manifestar públicamente su abstención de participar en la sesión en la cual se efectúe la elección de magistrados. Así también, los candidatos que se evidenciaron por sí mismos al asistir a tales encuentros con un operador político deberían renunciar, como un gesto de mínima dignidad y decencia. Si unos y otros insisten en proseguir con el montaje que busca instalar allegados en el aparato de justicia, solo se terminarán de evidenciar los indicios presentados por la Fiscalía.

El Congreso se encuentra en etapa de receso y el informe fue recibido por la comisión permanente. Será distribuido entre todos los congresistas. Según el presidente del Legislativo, analizarán los hallazgos del Ministerio Público para efectuar la elección. En este sentido, es necesario que la misma se desarrolle con transparencia. La Corte de Constitucionalidad indicó, dentro del amparo, que los diputados deben expresar su voto de viva voz, con lo cual se tendrá un registro público de las decisiones individuales y partidarias, que será de mucha utilidad para auditar el trabajo de las futuras cortes, con la esperanza de que el siguiente proceso ya cuente con un nuevo mecanismo de evaluación y selección que ponga fin a las injerencias.