El lanzamiento oficial del plan de reactivación económica establece una segunda etapa de la recuperación productiva después de 50 días de reapertura, con una visión de objetivos heterogéneos que coinciden en el anhelo de generar empleo, potenciar el crecimiento y fortalecer la infraestructura vial, lo cual es loable y largamente esperado. Sin embargo, la propuesta presentada depende de demasiadas situaciones irresolutas, cuyo avance no necesariamente depende del Ministerio de Economía y ni siquiera del mismo Ejecutivo.

En el documento presentado con ceremonia en el Palacio Nacional de la Cultura figuran al menos ocho iniciativas de ley, reformas a normativas desactualizadas o aprobación de convenios internacionales. Con el talante del actual Congreso, que solo parece agilizarse a la hora de aprobar más endeudamiento, resulta difícil de creer que tengan la capacidad o al menos la intención de discutir y aprobar la legislación solicitada. Existe, además, una larga lista de adeudos relacionados con la modernización económica, tributaria, mercantil y en el marco de inversiones.

Se podría esperar que a partir de esta presentación el presidente de la República, como representante de la unidad nacional, presente, defienda y busque ante el pleno el apoyo para un marco legal básico dirigido a generar un nuevo rumbo económico. Puede ocurrir que el mandatario opte por argumentar que no debe existir injerencia alguna entre poderes y que deje solos a sus ministros con su emprendimiento o, peor aún, que efectúe el llamado, pero que ni la bancada oficialista le haga eco, tal como ocurrió con la exhortación que hiciera el 18 de agosto último para que el Congreso eligiera magistrados de las cortes, lo cual no ha sucedido.

Es necesario resaltar que el fortalecimiento de infraestructura vial constituye uno de los pilares fundamentales del plan de generación de empleo, en especial en el interior del país. No es la primera vez que se propone, aunque en el caso actual varían algunos de los proyectos contemplados. Mejorar la comunicación terrestre es un requisito necesario para potenciar la competitividad del país, pero hace falta detallar la prioridad temporal de las obras, sus modelos de ejecución y sus costos de oportunidad, a fin de depurar la lista y crear un verdadero compromiso estratégico para su culminación dentro de este mismo período gubernamental.

No deja de ser llamativo que el último punto se destine al turismo, un pilar fundamental de la economía y fuente de miles de empleos directos e indirectos. Esta industria ha sido de las más severamente dañadas por las restricciones sanitarias, y también una de las más relegadas en cuanto a auxilio a las empresas y a quienes perdieron su trabajo.

No obstante, su potencial se mantiene e incluso se expande en el marco de la llamada nueva normalidad, que demanda destinos de visita internacional en donde sea posible el distanciamiento, y Guatemala posee, aún, extensas áreas de reserva natural en todas las regiones climáticas, parques arqueológicos, playas, y también recursos para el agroturismo y avistamiento de aves. El refuerzo a la conservación de zonas boscosas y parques nacionales, así como el impulso al turismo comunitario y ecológico, debería ser un elemento de primer orden incluido en la nueva visión económica, pero solo es un breve apéndice. Y como reza el gastado aunque efectivo axioma, si se siguen repitiendo las mismas acciones no se pueden esperar resultados diferentes.