Estados Unidos
Editorial
Un retraso del tamaño de un estadio
Entre estudios “técnicos” y convocatorias de empresas internacionales interesadas, ya se ha consumido otro año.
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A la fecha no se conoce de ninguna averiguación relacionada con los licitadores o directivos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que otorgaron en el 2024 el contrato de remodelación de la máxima instalación deportiva del país, el estadio Doroteo Guamuch Flores, a la empresa Bremar, S. A., que no tenía ninguna experiencia en trabajos de esta magnitud, excepto unos pequeños polideportivos. Desde mayo del 2025 era evidente el retraso del proyecto, pero aún así las autoridades de la CDAG dejaron pasar más tiempo. Meses completos. ¿Cuál era el interés de prorrogar una chambonada que al final siempre quedó inconclusa? Cuando se aproximaba el relevo de autoridades ocurrió la rescisión del contrato, “de mutuo acuerdo”. Qué fácil.
Se pagó un tercio de la obra, pero los avances no correspondían a ese monto. Debió ejecutarse una fianza por incumplimiento, a fin de recuperar esos fondos. A la fecha no se sabe si así se procedió. En el 2025 hubo una veintena de denuncias de diputados, pero ninguna parece haber tenido consecuencia alguna. A estas alturas de la nueva administración del Ministerio Público, más de uno de aquellos indicios ya debería haber conducido, al menos, a una citación, por no decir a un encausamiento.
La actual directiva de la CDAG, que asumió en diciembre del 2025, inició un nuevo proceso de remodelación a través del PNUD, a fin de clarificar la calidad de la obra y asegurar la ejecución de esta, con estándares internacionales. De hecho, se amplió el cometido del proyecto inicial, que solo abarcaba la cancha y la pista de atletismo. Se agregaron los graderíos y la iluminación a los cambios.
El costo de los retrasos de la CDAG en este proyecto no solo se debe medir en dinero, sino también en pérdida de tiempo y costos de oportunidad para los atletas nacionales, que desde hace más de dos años no cuentan con una instalación ad hoc para sus entrenamientos. Ni qué decir de los juegos de la Selección Nacional de Futbol, que simplemente no tiene sede para enfrentar a otros países como local.
Se escudan los directivos en afirmar que la fiscalización efectuada por varios diputados constituye un show político electorero, y puede que haya algo de cierto en ello. Pero eso no alivia el tiempo perdido. Por otra parte, al contratar al PNUD debieron evaluar y hacer públicos los plazos, así como fijar un cronograma para la planificación y ejecución de la obra. Entre estudios “técnicos” y convocatorias de empresas internacionales interesadas, ya se ha consumido otro año. Todavía no se conocen las bases para la adjudicación porque estas dependen de las autoridades deportivas guatemaltecas. En todo caso, no deberían quedarse en justificaciones anodinas, sino actuar de manera proactiva y pertinente, sin hacerse las supuestas víctimas. Porque las víctimas son los deportistas.
Se señala, hasta ahora, que la posible finalización de los trabajos en el estadio nacional será en diciembre del 2027, si bien nos va. Una previsión nada alentadora. Peor aún si se considera que no existen grandes proyectos, innovadores o visionarios, de infraestructura deportiva en otras regiones del país, como para esperar una alternativa viable al coloso de la zona 5. Ello, por supuesto, contrasta con el voluminoso aporte constitucional de recursos públicos que reciben, pero, sobre todo, también denota falta de visión, negligencia y conformismo. Las vocaciones atléticas siguen surgiendo en todas partes del país, pero apenas existen instalaciones que puedan considerarse de nivel digno. Eso es lo que ocurre cuando se quiere convertir a simples narradores en protagonistas.
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