Uno de los más socorridos ofrecimientos de todos los presidenciables, cuando andan en pleno cortejo de votos, es el de atraer inversión extranjera al país para generar más empleos y llevarlos hasta la provincia: un discurso que luego queda a un lado debido al vasto trabajo que implica no solo en ejecutorias gubernamentales, sino también en el terreno de lo institucional, lo legislativo y, por supuesto, lo judicial.

En el primer trimestre de este año, justo antes de que la pandemia golpeara con toda su fuerza al país, ya se había reducido en 11% la inversión extranjera directa, sobre todo a causa de fallos judiciales que revirtieron permisos mineros o desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica. Probablemente haya fallas, omisiones y errores de gestión o autorizaciones, así como agresiones locales atribuidas al crimen organizado; sin embargo, cuando se encuentra en juego la sostenibilidad económica, el ingreso de regalías y la credibilidad global del Estado de Guatemala, es necesario encontrar vías de arreglo y conciliación de mutuo beneficio, a fin de no dañar inversiones ya planificadas y de llevar desarrollo a las comunidades, en un necesario gana-gana.

Es obvio que el impacto del covid-19 ha golpeado las inversiones a futuro, pero esto se hará más evidente cuando el Banguat presente el informe del segundo trimestre del 2020, el cual de seguro pintará un horizonte dantesco para la economía nacional. No obstante, tal escenario pudo haber sido amortiguado con la continuidad de algunos proyectos exitosos en varias regiones que bien pudieron continuar su marcha bajo estrictos controles sanitarios, pero solo se trata de una suposición desiderativa, puesto que ya se encuentran suspendidos.

Además de las inyecciones de capital privado de socios extranjeros, los países cuentan con otras fuentes de aprovisionamiento de recursos, pero que en este momento no alimentan mayores esperanzas: la recaudación fiscal se vislumbra lastrada por la crisis, los créditos a largo plazo constituyen una deuda intergeneracional que no siempre refrenda el costo de oportunidad, el ahorro en el gasto constituye una especie de utopía, puesto que gobierno tras gobierno crecen el dispendio en funcionamiento y las pérdidas por corrupción. Finalmente, queda la ayuda mediante donaciones, que ha disminuido bruscamente en la última década y en el actual entorno pandémico será escasa. Es en ese sentido que se debe sopesar el verdadero costo de rechazar, entorpecer o rescindir contratos de inversión internacional en cualquier rubro económico; ello, por no mencionar las demandas judiciales que se avecinan.

El Gobierno de Guatemala debe emprender una evaluación del estado de las inversiones y proyectos desarrollados en el país; en aquellos casos en los cuales se precise de una consulta comunitaria, la misma debe efectuarse sin demora, porque si la misma ciudadanía es la encargada de definir el rumbo de los emprendimientos, debe conocer el costo que enfrentará si los desaprueba, ya sea desempleo, deuda, carencias o falta de desarrollo regional.

El Congreso, en lugar de constituirse en una tómbola de componendas, está obligado a modernizar el marco legal para garantizar la agilidad de trámites, la viabilidad legal y la equidad de beneficios provenientes de concesiones. Los tribunales deben ser foros legales donde prevalezca el Derecho, pero no solo de un sector, sino también de los legítimos intereses nacionales, para proveer estabilidad, certeza jurídica y armonización funcional entre la legislación local y los compromisos de un mundo competitivo.