eDitorial
Violencia de bloqueos denota oscuros fines
Seguían invocando el daño de la carestía a la población, pero le infligían uno peor.
De entrada hay que decir que todo bloqueo a la libre locomoción es violencia que causa pérdidas económicas, de tiempo irreparable e incluso de vidas de pacientes en ambulancia. Desde el inicio de esta semana hubo una creciente confluencia de indicios sospechosos en las protestas que esgrimían el efecto local de la carestía internacional de combustibles como motivo, pero que iban en detrimento de la mayoría que buscaba cumplir con sus labores y propósitos productivos.
La aparente coordinación entre puntos de bloqueo, la repetición de arengas —pronunciadas luego por algunos diputados— y la total indiferencia ante el necesario derecho de acción, movilidad y trabajo del resto de ciudadanos fueron los primeros síntomas. Ejecutivo y Congreso venían evadiendo el tema. Responder con una precipitada propuesta de subsidio no fue lo más acertado, porque acarrea los defectos de toda subvención estatal y porque era una trampa: sin siquiera analizarlo, fue rechazado por los piqueteros con argumentos falaces y obviamente inducidos, esgrimidos también por congresistas que propusieron supresiones tributarias de implementación más complicada como supuesta alternativa. Se aprobó un nuevo subsidio de Q2 mil 500 millones a la carrera, que quedó en suspenso por supuestas enmiendas, pero que además tiene el defecto de fijar un arbitrario precio tope, a partir del cual se aplicaría el aporte estatal. Todo ello merece una discusión técnica, civilizada y libre de ansias politiqueras preelectorales.
Al desalojar algunos bloqueos, el jueves fueron capturados presuntos integrantes de pandillas; fue notorio el uso de morteros y piedras en contra de las fuerzas del orden, que durante el día intentaron hacer entrar en razón a quienes no tenían ninguna intención de abrir el paso.
Seguían invocando el daño de la carestía a la población, pero le infligían uno peor. Mientras tanto, cuentas obviamente correlacionadas de redes sociales repetían discursos intransigentes y con un tono que fue subiendo hasta mostrar aires sediciosos y anónimos. En uno de los bloqueos de ayer se notó un componente adicional, una colecta forzada de firmas para “dejar pasar” a motoristas y conductores de vehículos; intentaron disfrazar el acto obligando a otros transeúntes, sobre todo mujeres, a “bailar”: una evidente coacción repetida durante horas. Se logró evidenciar la coordinación a cargo de un individuo con serios antecedentes penales y también nexos con partidos, de los cuales ningún político se deslinda ni se responsabiliza.
Sectores productivos del país, incluyendo organizaciones empresariales, demandaron el cumplimiento de la orden de la Corte de Constitucionalidad de garantizar la libre movilidad de personas y mercancías. La conferencia conjunta de los ministros de Gobernación y Defensa llevó a la apertura de algunas vías, aunque en otras fue necesario de nuevo el uso legítimo de la fuerza policial, ante la resistencia violenta.
En efecto, el alza en los precios de gasolinas y diésel presiona los costos de productos de la canasta básica y del transporte de personas o de carga: es un factor que impacta a toda la economía nacional y que ha llegado a niveles prácticamente inéditos, igual que en otros países. Merece una discusión multisectorial y técnica. El Ejecutivo y el Congreso debieron analizar escenarios desde hace semanas, sin afanes de vacuos protagonismos que solo le echan gasolina a la penuria ciudadana. En todo caso, urge la pesquisa del Ministerio Público para identificar, tal como lo pidió el sector privado, a agresores y también a los autores intelectuales de tan nefastos atentados a la movilidad.