No es de extrañar que el sector construcción sea la punta de lanza de la recuperación económica prevista para 2021. Se trata de una actividad que integra la generación de empleos directos e indirectos, la provisión de ingresos para muchas familias, el consumo de materias primas y contratación de servicios profesionales, la activación de gestiones financieras de mediano y largo plazo, así como la utilización de divisas enviadas desde Estados Unidos con una visión de plusvalía que incrementa su impacto.

Esta proyección de auge en el sector constructor debe ser abordada desde diversas perspectivas para tratar de convertirla en pilar fundamental de un fuerte desarrollo urbanístico y humano. Se necesitan estrategias públicas que no solo estimulen la inversión en proyectos inmobiliarios, sino que además conduzcan a la reducción del déficit habitacional que afecta a todo el país.

En realidad hay numerosos proyectos de vivienda vertical en proceso, los cuales van dirigidos a diversos niveles socioeconómicos. Sin embargo, todavía queda un fuerte porcentaje del sector popular fuera de los planes y proyecciones como potenciales compradores de inmuebles. Entre las causas de este desbalance figuran los criterios de calificación para créditos, la falta de un empleo en relación de dependencia, la carencia de una certificación de ingreso para quienes trabajan en el sector informal y la falta de información sobre proyectos asequibles. Estos son algunos de los elementos sobre los cuales debe poner atención el Estado, pero también los constructores de obra.

La lista de factores vinculados a una mayor activación del sector de vivienda no termina ahí: también se deben evaluar los planes de ordenamiento territorial, la disponibilidad de infraestructura de comunicación terrestre, la demanda y disponibilidad de medios de transporte público, los estudios de descentralización urbana y la configuración de nuevos núcleos de desarrollo en ciudades intermedias: un entramado de elementos que no es sencillo de integrar y mucho menos de hacer avanzar de manera coherente, pero que constituye un desafío vigente para las autoridades del gobierno central y las municipalidades.

Por otra parte, existen condicionamientos ligados directamente a la calidad de vida, la salubridad y la seguridad de nuevas comunidades, entre los cuales figura la existencia de fuentes de agua entubada, la construcción de sistemas adecuados de aguas servidas, los análisis de riesgo sísmico y de tipo de suelos para atajar daños ulteriores.

Por muchas décadas prevaleció en el país un crecimiento urbano vegetativo en el cual los grandes ausentes fueron los controles de alturas de edificios, supervisión de estructuras o verificación de calidad de materiales. Esto dio como resultado la expansión de asentamientos en áreas bajo constante riesgo de derrumbe, viviendas de tres o cuatro niveles que no tienen los refuerzos necesarios o inmuebles que durante los inviernos quedan a medio camino de antiguos cauces de ríos, con la consiguiente cauda de daños a menudo irrecuperables.

Es por ello que se necesita una visión integradora sobre las posibilidades y necesidades del sector de la construcción. Porque se trata de mucho más que de empresas desarrolladoras de edificios o lotificaciones, mucho más que una sucesión de estructuras de hormigón para viviendas y oficinas, y muchísimo más que créditos hipotecarios a dos décadas de plazo. Se trata de una visión de mayor bienestar y calidad de vida para más guatemaltecos, sobre la base de un aprovechamiento racional de los recursos y la concreción proactiva del sueño de tantas familias de contar con una casa propia.