El verbo ignorar tiene una acepción en la cual es sinónimo de desconocimiento, pero también tiene otra que corresponde a desatender, desoír, relegar. En cuanto a la crisis de recursos hídricos en el país, ya sean ríos, lagos, lagunas o lagunetas, existen incontables diagnósticos, alertas, advertencias o llamados a crear instituciones, leyes, sistemas de monitoreo, estudio científico y conservación de tales recursos. En 30 años muy poco se ha avanzado.

Un recorrido por algunas lagunas emblemáticas del país exhibe la combinación de factores que permiten avizorar un deterioro a corto plazo o la total desaparición de esos cuerpos de agua, como irregularidad de lluvias, deforestación, desaparición de afluentes, contaminación y extracción sostenida para consumo humano o agricultura. Por su dimensión, estos recursos se agotan aceleradamente y aún así no hay manera de que exista una ley de aguas o una superintendencia que atienda el aprovechamiento de este bien.

Lagos emblemáticos como el de Atitlán o Petén Itzá, de capital importancia como íconos turísticos, siguen recibiendo aguas servidas de poblaciones circunvecinas. Así comenzó el deterioro del Lago de Amatitlán, cuyo cuadro actual es dantesco: en él desembocan a diario toneladas de desagües y desechos sólidos. Ni siquiera el hecho de ser catalogados como reservorios de agua para el futuro logra acelerar la construcción de plantas de tratamiento y la conexión de drenajes domiciliares e industriales. Las excusas suelen ser de costo económico, como si perder para siempre el lago no fuera la mayor tragedia.

La Laguna de Ipala, una joya ubicada en el cráter de un volcán, decrece a medida que se extrae agua con bombas motorizadas para proveer a municipios vecinos. Parafraseando el dicho “pan para hoy, hambre para mañana”, tal uso desmedido es una solución rápida, pero segura sed para el mañana. Y esta no es la única en esa situación: la Laguna de Calderas, en el Volcán de Pacaya o la de Atescatempa, en Jutiapa, figuran también como cisternas colectivos.

El problema de fondo no es la utilización de los recursos naturales para beneficio de la población, sino la miopía de sucesivas administraciones municipales, gubernamentales y legislativas que suelen exaltar atractivos naturales, muchos de ellos vinculados con el agua. Apenas en febrero de este año se creó un viceministerio del Agua, cuyo titular aún no está claramente definido y que en todo caso carece de una herramienta fundamental, la ley de aguas, sobre la cual existe una veintena de iniciativas engavetadas.

No existe una instancia nacional ni multisectorial que desarrolle un control efectivo o cuando menos un monitoreo actualizado sobre el recurso hídrico. Se desvían ríos, se desecan lagos, se tiran desagües y se destruyen áreas de manantiales sin ningún castigo legal; eso sí, la consecuencia ecológica llega cada vez con más fuerza.

Algunas lagunas tienen excelente conservación, pero suelen estar en áreas remotas o sujetas a estricta vigilancia, no solo del Estado sino de comunidades aledañas, pero son excepciones. La sintomatología más usual denota descuido prolongado, indolencia colectiva y descontrol administrativo. Las alarmas están sonando desde hace años. Si se decide ignorarlas, porque es incómodo, pronto no habrá nada que rescatar.