Hablar sobre reforma fiscal es un asunto que todos los candidatos a la Presidencia de la República evaden durante las campañas electorales, con el fin de evitar fricciones con el sector empresarial -tradicionalmente opuesto a que se aumente la carga tributaria y se afecte la productividad-.

Tras la asunción de la primera magistratura, casi todos los gobernantes -desde Vinicio Cerezo, en 1986- han promovido nuevos impuestos o reformas para los ya existentes, con el fin de atender, por la vía impositiva, las necesidades que tiene el Estado de hacer frente a sus responsabilidades, principalmente, en el área social.

Esta vez no ha sido diferente. Poco o nada se mencionó, durante la campaña, sobre el tema impositivo, pero a las puertas de que se produzca el relevo presidencial, se escuchan ya las voces del nuevo equipo de gobierno que anticipan que, de nuevo, se tendrá que discutir acerca de una eventual reforma tributaria.

El problema es que, cada cuatro o cinco años, los guatemaltecos debemos enfrentar un cambio en las reglas de juego tributarias, lo que indudablemente genera incertidumbre, no solo entre los inversores, sino entre toda la población, que está afecta a estos vaivenes.

Los más liberales consideran que los tributos deberían desaparecer, pero la tendencia mundial apunta a que la vía impositiva es la única que sirve para reducir la brecha entre ricos y pobres, sobre todo, debido a la falta de oportunidades que existen en naciones como la nuestra, donde más del 70 por ciento de la población sobrevive en la pobreza y con pocas oportunidades para superarse.

Esta es una realidad innegable. Debemos, entonces, aceptar que el país tenga un eficiente sistema fiscal, a efecto de atender las necesidades que se plantean en materias de educación, salud, seguridad e infraestructura, entre otras razones, para poder hablar de un auténtico desarrollo socioeconómico.

El inconveniente es cuando se introducen elementos políticos en el proceso de reforma o aprobación de leyes fiscales, sumado a ello el que no se haya debatido en campañas políticas tal concepto, con el objetivo de que éste forme parte de la decisión de los electores.

El Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, que entró en vigor ayer, ha sacado a relucir dicha problemática. El sector empresarial amenaza incluso con impugnarlo, mientras que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza se vio en la necesidad de aprobarlo en el Congreso, porque no deseaba que la administración de Álvaro Colom se iniciara con un agujero fiscal, puesto que el presupuesto general de la Nación lo incluye como fuente de financiamiento importante.

¿Qué nos depara el futuro en materia fiscal? Esa respuesta la deben aclarar, a la mayor brevedad posible, las nuevas autoridades, en cuanto asuman el mando de la Nación, el 14 de enero próximo, porque la certidumbre es el mejor aliado para la estabilidad, en este caso de la economía.

Retomar la vía del diálogo es una buena iniciativa. Hay que recordar que por esta vía se encontraron en el pasado acuerdos entre todos los sectores, incluidos los empresarios, por lo que parece la senda idónea para mantener la armonía nacional.