La actuación de la justicia guatemalteca originó ayer dos sentimientos encontrados: por un lado, es digna de encomio la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que da luz verde a la pesquisa sobre el diputado Manuel Castillo, por su presunta vinculación en el asesinato de tres diputados salvadoreños, pero por el otro, crea incertidumbre el desistimiento judicial respecto de las cuentas bancarias abiertas por eferregistas en Panamá.

De ambos casos emanan sabores agridulces. En cuanto al congresista Castillo, el sentimiento social no puede ser otro que el de satisfacción porque la CSJ autorice a la Fiscalía que practique cuanto procedimiento esté a su alcance para determinar si aquel político es culpable o inocente de los cargos que se le imputan.

No se trata aquí de alegrarse del mal ajeno, sino sólo de abogar porque en el país se cultive la cultura de la igualdad ante la ley, con el propósito de comenzar a borrar la práctica de castas cuando se trata de impartir o demandar justicia.

Debido al manoseo ancestral de los órganos de investigación y sanción del delito, se ha vuelto costumbre en Guatemala que personas con influencia política y de otra índole burlen la justicia y resulten eximidas de toda responsabilidad cuando, en el mejor de los casos, se someten al circo del supuesto juzgamiento. Por eso, ante una decisión como la emitida ayer por la CSJ renace la esperanza de que las cosas cambien en el país y se comience a aplicar la ley por parejo, y con ello se ponga coto a la impunidad.

Pero no siempre la actuación y la lógica de los jueces y la Fiscalía corresponden al sentimiento y el clamor ciudadanos por una justicia pronta y cumplida, porque, a menudo, situaciones evidentes de corrupción con caudales públicos o la violación de derechos humanos son ignoradas, pospuestas o maquilladas, con el propósito de servir a fines inconfesables de sectores o fuerzas oscuras cuyo poder sobre el Estado se niega a morir.

Los casos de los fallos festinados abundan, y para muestra basta con recordar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, del jueves 13 de este mes, por medio de la cual desconoce la jurisdicción de España para juzgar a cinco generales y dos civiles acusados de genocidio.

Esa misma tendencia se repitió ayer, con el desistimiento del Juzgado Décimo de Primera Instancia del ramo Penal de la investigación de prominentes eferregistas, encabezados por el ex presidente Alfonso Portillo, por la apertura de cuentas bancarias en Panamá, aparentemente con fondos saqueados al erario.

Indudablemente, a la justicia guatemalteca le queda por andar un largo camino para entender que las implicaciones de sus fallos no se limitan a los acusados y sus víctimas, porque la impunidad tiene profundos efectos sobre todos los ámbitos de la vida nacional.

En una época en que la confianza en las instituciones es toral para la certeza jurídica, los espaldarazos a la impunidad contribuyen a acentuar la desconfianza en el país, al que los guatemaltecos bien nacidos no quieren ver, ni por asomo, en el concierto de las naciones parias.

Lamentablemente, ese esfuerzo no siempre es compartido y apoyado por la justicia.