Las acusaciones de EE. UU. contra Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla por narcotráfico evidenciarían las relaciones que políticos guatemaltecos han mantenido y mantienen con el crimen organizado, cuyos capos han financiado sus campañas proselitistas. El nombre que estaría detrás de esos señalamientos es el de Marllory Chacón Rosell, sentenciada en EE. UU. por narcotráfico y blanqueo de dinero, que habría colaborado con las autoridades norteamericanas para desbaratar redes del crimen organizado. Se sabe que la llamada Reina del Sur habría aportado no menos de US$2 millones —unos Q15 millones— para la campaña electoral del Partido Patriota en el 2011, por lo que es muy probable que haya tenido contacto con otros dirigentes de esa agrupación. Este hecho también revela por qué las organizaciones partidarias han tratado de evitar a toda costa el control del Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento que reciben por sus orígenes oscuros.

Para saber el nivel de involucramiento de Baldetti y Pérez Bonilla con el narco, basta decir que Chacón tenía una estructura de 28 empresas relacionadas con la construcción, importadoras, inmobiliarias y fincas que servían como fachada para sus negocios con Joaquín el Chapo Guzmán y con las cuales lavó cientos de millones de dólares. Una investigación de Steven Dodley, publicada por Insight Crime el año pasado, deja entrever que aun cuando Baldetti sostuvo vínculos con Chacón, sus principales relaciones habrían sido con Hayron Borrayo, conocido como Bingotón Millonario, y su esposa, Mirza Hernández, vinculado con los Zetas y otro financista del PP. Debido a que las autoridades estadounidenses seguían sus pasos, Chacón decidió colaborar con la Agencia Antinarcóticos de EE. UU. (DEA) y la Fiscalía de Florida desde el 2012. En esa situación habría propiciado la captura de Borrayo en París, a donde lo llevó con engaños para que cayera en la trampa y fuera deportado a EE. UU.

Según Dudley, tras esa captura, Chacón se sintió amenazada por Baldetti, quien estaba molesta porque habría trascendido su relación con Borrayo y Hernández. Por esa razón, la Reina del Sur pidió a López Bonilla que la protegiera, para lo cual el entonces ministro de Gobernación le dio un vehículo blindado y guardaespaldas pagados por el Estado durante un año. ¿Por qué la protegió? ¿qué le debía? Las reuniones entre ambos se efectuaban en la casa de Chacón, donde la DEA había colocado cámaras y dispositivos de seguridad que habrían captado, entre otros hechos, el momento en que el exministro habría aceptado un soborno del presunto narcotraficante Jairo Orellana, dinero que habría invertido en una empresa de seguridad. Aunque luego Orellana fue capturado en un operativo entre fuerzas de seguridad nacionales y de EE. UU. se habría mantenido el contacto con López Bonilla, lo que se habría traducido en una celda provista de bar, TV de pantalla plana y refrigerador, entre otros privilegios.

Estas truculentas relaciones han sido parte de la partidocracia local. Por algo Chacón Rosell alardeaba de tener contactos con varios dirigentes políticos, quienes desfilaban por su casa con el fin de pedir plata para el financiamiento de sus campañas. Es muy probable que la ahora condenada por la justicia estadounidense haya soltado más nombres con quienes mantuvo vínculos, los que poco a poco irán saliendo a luz. La sentencia fue archivada por cinco años por el juez José Martínez, con el objetivo de avanzar en las investigaciones para desarticular las redes de narcotráfico y blanqueado de dinero relacionadas con Chacón Rosell.

@hshetemul