La Corte de Constitucionalidad volvió a enviar un contundente mensaje en defensa de garantías esenciales, como el derecho de manifestación y el libre ejercicio de emisión del pensamiento, que podrían verse amenazadas ante el empecinamiento gubernamental de tratar de manipular los hechos para hacer creer que ha existido violencia en las protestas.

La resolución es oportuna, porque ante las burdas maniobras oficialistas se corre el riesgo de infiltrar las manifestaciones con gente que sí podría causar hechos indeseables, los cuales se deben evitar a toda costa, sobre todo porque una de las herramientas de grupos oscuros podría ser el desacreditar la legítima expresión del descontento popular.

La incapacidad del Gobierno, las mentiras y el inicuo respaldo a quienes favorecen la corrupción han logrado una de las más auténticas manifestaciones de repudio a una clase política deslegitimada, que ha llegado a extremos de impulsar leyes en beneficio de delincuentes, que solo las muestras de indignación ciudadana han logrado frenar.

Los más recientes fallos de la CC y la presión ciudadana han marchado en favor del fortalecimiento institucional, mientras quienes debería hacer lo mismo desde sus altos cargos han desvirtuado el servicio público, al extremo de incurrir en vergonzosos hechos como el del Ejército, que le hizo un sobrepago al presidente y cuya cúpula aprovechó la ocasión para recetarse un bono que incluso duplica sus salarios, lo cual es repudiable y debe también corregirse.

En un país con tantas limitaciones resultan irresponsables esas medidas, las cuales se hacen a escondidas de la población, en total burla a los mecanismos de transparencia que deben ser cumplidos por todos los funcionarios, y tampoco se debe caer en argumentos ridículos, como los expuestos por el ministro de la Defensa.

Tanto lo hecho por las más altas autoridades del Ejecutivo, como las rufianescas acciones del Legislativo, deberían ser punto de referencia para el cambio, pero en vez de darle la lectura adecuada a las demandas democráticas de los guatemaltecos, las autoridades se empecinan en entorpecer la lucha contra la corrupción.

Hasta ahora se desconoce el contenido del discurso que el presidente Jimmy Morales llevará a la Asamblea de Naciones Unidas. Se teme que insista en su ya anulado intento por expulsar al jefe de la Cicig, pero esta vez mediante otro camino, que igual será seriamente desaprobado por la población. No se sabe su intención, pues nuevamente actúa con secretismo, como es su costumbre, pero aún está a tiempo de meditarlo y actuar con cordura.

La población ya no se deja engañar por las distorsiones publicadas a través de medios oficialistas y monopolizados. Morales se encuentra justo ahora en el dilema que tuvo el capitán Gabino Gaínza hace 196 años: escuchar a una población ávida de libertad, justicia y equidad, o continuar al servicio de un poder oculto para el cual ha resultado ser una herramienta útil pero prescindible. La historia lo confirma: la justicia siempre triunfa.