LA PRESIDENTA DE LA CC, magistrada Gloria Porras, tomó  una decisión solo justificada si se circunscribe a tomar en cuenta únicamente la parte legal. La entidad tiene fondos privativos, es decir “propios” —aunque por supuesto se  originan en el Estado y por ello la calificación de propiedad es solo para fines de comprensión. Es decir, usarlos no es ilegal. Pero es ilógica e incorrecta, porque los derechos no son obligatorios de aceptar, o de hacerlos realidad. Este criterio es muy difícil de comprender si se le califica solo con la  letra muerta de la ley, pero hacia fuera, en el mundo guatemalteco real, se convierte en uno de los errores más incomprensibles porque la interpretación popular jamás podrá ser favorable a  quien tome tal medida.   

LA ANDANADA DE CRÍTICAS a la CC no debe causar extrañeza alguna a sus integrantes, en especial a los  magistrados titulares. Solo uno de ellos, Roberto Molina Barreto, decidió devolver el cheque, pero sus colegas aceptaron la impopular decisión. El asunto se pone peor cuando el personal de otros niveles administrativos es también motivo de crítica, pero por otra parte tampoco se debe dejar de considerar la decisión como una medida para congraciarse con los trabajadores, en una forma parecida a los casos de aumentos salariales o de  derechos laborales autorizados por ministros, con el objetivo de congraciarse con los directivos de los sindicatos estatales y evitar de esa manera protestas o cualquier otro tipo de acciones contra los ministerios.

LA CONCIENCIA DE LAS condiciones económicas y sociales de un país es una de las cualidades necesarias en  todo funcionario público, ya  sea nombrado o electo popularmente. Esta cualidad permite los análisis más completos de las razones para tomar decisiones de cambios o de dejar las cosas como están. Las circunstancias tan terribles de país en estos momentos son el mejor maestro y permiten serruchar en su base el argumento de señalar como imposible pasar esos fondos para comprar medicinas, por ejemplo. La manera de lograrlo es reglamentar el uso de los fondos para impedir decisiones personales y convertirlas en colegiadas, con la participación de todos los integrantes del pleno de magistrados de la ahora criticada CC.

LA INDEPENDENCIA DE LA CC es fundamental, por la naturaleza de sus funciones. Una de las formas de protegerla consiste en no incurrir en acciones abusivas, aunque se puedan justificar desde una perspectiva legalista. Cuando se hace esto puede quedar abierto el camino para ataques a la institución, explicados o justificados como consecuencia de la manera de actuar de sus integrantes. La presidenta Porras señala su solidaridad con la población por la crisis actual del país, pero esa frase  queda débil con una decisión como la hoy comentada. La reacción de crítica a causa de este bono adicional debe servir de ejemplo a los funcionarios públicos cuando están pensando en la necesidad o justificación de otorgar premios económicos.
 
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