El Gobierno ha despedido a uno de los funcionarios que le daba prestigio a una administración caracterizada por la mediocridad y el oportunismo de muchos burócratas. La salida del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, con un logro del cumplimiento de su meta de un 97.8 por ciento, deja mal parada a la gestión de Jimmy Morales.

Si el Gobierno desea presumir con sus esfuerzos por combatir la corrupción y las mafias enquistadas en el Estado, Juan Francisco Solórzano Foppa era una buena carta de presentación, porque sus méritos habían trascendido el ámbito de una burocracia con demasiados ejemplos de ser venal y cómplice de uno de los mayores mecanismos de defraudación tributaria, que le representa millonarias pérdidas en recursos al erario.

Sin embargo, esa no parece haber sido la motivación de las autoridades de turno y más bien suena lógico que hayan sido los intereses ilegítimos y las presiones de sectores oscuros los que más han influido en llevar a los extremos la aplicación de la ley. Esto, en sí, no es malo, pero constituye quizá el mayor reto para esta administración, porque difícilmente volverán a utilizar el mismo criterio en casos similares.

Suena más lógico lo que se expresa en el imaginario colectivo, de que este gobierno está desbaratando los avances en la lucha contra la corrupción y que seguramente el siguiente paso será que las mafias, que no se han ido, ahora puedan volver a controlar las aduanas.

Por eso, la destitución de Solórzano Foppa solamente puede interpretarse como la mejor muestra de un retorno al pasado, porque la misma sustitución suena inverosímil. Nadie podrá superar esos registros o continuar exitosamente con los embates contra las mafias y los grandes evasores, cuando es el mismo gobierno el que envía un mensaje opuesto a esos esfuerzos, cuando se sanciona a uno de los mayores contribuyentes en esa tarea.

Ahora corresponde a las autoridades respectivas un relevo ejemplar para todos los sectores, porque la recaudación tributaria y el desmantelamiento de las mafias en las aduanas no están ya solo en manos de Guatemala, se deben cumplir estándares internacionales y convenios para, por lo menos, aparentar que no es una descarada vuelta al pasado.

No solo debe prevalecer el criterio de desvirtuar un retroceso, sino establecer un genuino compromiso por rescatar al país de los grandes evasores fiscales, entre quienes se encuentran algunos de los que manifestaron rechazo al exsuperintendente. Esto compromete la ahora afectada imagen del Gobierno y lo obliga a impulsar a la mayor brevedad posible un relevo que despeje esas dudas.

El reiterado clamor por no dar pasos hacia un pasado de oprobio es consecuencia de que se percibe como muy rigurosa la aplicación de la ley por parte del Gobierno en el caso de la SAT. Para hacer realidad sus promesas de sanear el aparato público debe proceder con muchas más destituciones en entidades marcadas por la mediocridad, y no como lo ha venido haciendo en los primeros días del año, en que los cambios arrojan más sospechas sobre las reales intenciones de las máximas autoridades gubernamentales.