La reforma tributaria propuesta por el Gobierno es valiente pero contiene serios errores. Primero, aumenta la complejidad del impuesto sobre la renta. En Guatemala hay cierto consenso acerca de la necesidad de simplificar el régimen tributario. Lamentablemente la propuesta del Gobierno complica su pago y recaudación. Por una parte, ahora introduce tres tasas en el sistema “simplificado” del ISR, cuando el espíritu inicial de este régimen era contar con una sola tasa aplicada a ingresos o ventas totales, lamentablemente modificado en 2012, cuando se introdujeron dos tasas. Por otra, se propone que el ISR aplicado a asalariados incluya nuevas deducciones: la deducción del pago del IVA y gastos en educación privada (financiándola indirectamente), pero al mismo tiempo triplica las tasas de 5 y 7% que se aplicarían a los asalariados, que en el futuro irían de 15 a 29%.

Se argumenta que al introducir la planilla del IVA como gasto deducible se crea un incentivo para que el contribuyente exija facturas. Quisieran que cada contribuyente se convirtiera en un pequeño SAT individual, sin reconocer que ahora la SAT tiene mucho mayor capacidad sancionatoria que en el pasado: ¡si no, que lo digan los grandes contribuyentes! También se olvida que la SAT, con inspectores y cruces de información (como ocurre en el resto del mundo), es la responsable de combatir la evasión del IVA y de los demás impuestos.

Solo falta que ahora se proponga deducir el pago del IUSI de lo que habría que pagar como ISR, para así incentivar el pago del IUSI también. Además, al restituir la planilla del IVA como deducible se estimula la creación de un mercado falso de facturas en que los más beneficiados de esta medida serán los que más ISR tengan que pagar (los grandes contribuyentes). Los que no pagan ISR, que son la mayoría de la población, no se beneficiará con esta contrarreforma. Es un retroceso, regresivo. ¿No hubiera sido más racional aumentar levemente las tasas del ISR para asalariados sin aumentar los gastos deducibles, o reducirlos?

Segundo, los grandes contribuyentes, pero particularmente aquellos ahora acusados de evasión, también se estarían beneficiando de las disposiciones transitorias de esta reforma: permitirá que aquellos contribuyentes impugnados ya no sean considerados posibles evasores y puedan pagar, a plazos, los impuestos que evadieron. Se trata de una nefasta amnistía que debilita el fuerte mensaje que venía dándose de que los evasores serán sancionados; ahora los evasores pueden renegociar las condiciones de pago de sus impuestos y ya no serán sancionados por la falta cometida.

Tercero, hay que reconocer que la caída del precio del petróleo abrió cierto margen para aumentar el impuesto aplicable a combustibles, pero hubiera sido más conveniente proponer un aumento gradual y proporcionado, especialmente en relación al diésel, que incide en el costo del transporte colectivo. El gran aumento del tráfico sugería mejor gravar la circulación de vehículos individuales y no al transporte colectivo.

Finalmente, podrían haberse incluido algunas propuestas para mejorar el gasto, al menos en relación a impuestos con destinos específicos. Prohibir que los impuestos de combustibles se destinen a fideicomisos opacos y fuera de control, o que parte del IVA se destine a obra seriamente cuestionada en los consejos de desarrollo, podría haberse propuesto para reasignar parte de los recursos ya existentes a otras áreas prioritarias como justicia, salud y educación.

Los diputados tendrán la última palabra. Hay mucho que corregir.

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