Una justificada preocupación surge al escuchar las inconsecuentes y casi pueriles excusas del vicepresidente Jafeth Cabrera cuando se refiere a la fallida intentona por restringir tres artículos de la Constitución para, supuestamente, paliar los efectos del invierno.

Una de ellas es el intento por justificar una medida desproporcionada y absurda para el fin que supuestamente se perseguía, es decir facilitar adquisiciones y evacuaciones de ciertas áreas, porque vulneraba principios elementales de la democracia y contenía términos ambiguos que incluso hacían recordar pasajes de un nefasto pasado reciente.

Por si fuera poco, cuando fue derogado el decreto, el vicegobernante criticó la postura gallarda y vigilante de la ciudadanía que se manifestó masivamente en contra de ese atrevimiento y pretendió responsabilizarla por cualquier consecuencia que pudieran sufrir quienes habitan en áreas de alto riesgo desde hace décadas, situación imposible de resolver en los 15 días que, se aseguraba, duraría el estado de Prevención.

Es preocupante que nunca aflorara la más mínima preocupación por el desatino legal, refrendado por el Gabinete en pleno. Ello comprueba que los asesores en el Ejecutivo carecen del conocimiento de elementos básicos de asuntos legales y constitucionales y crea suspicacia sobre las verdaderas intenciones de tal declaratoria. No es ilógico pensar que en realidad su buscara implementar una limitación de derechos de expresión y protesta ante el complicado panorama que afronta el gobierno de Jimmy Morales.

Resulta muy extraño que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) haya clamado ser la principal afectada, pero también impulsora de la medida, cuando en realidad, para los objetivos que señala, hubiese sido más eficiente licitar de manera transparente los recursos que necesita, aunque nunca especificó los planes de atención a quienes podrían llegar a necesitar ayuda.

Es tan delicado asumir cualquier tipo de restricciones en contra de derechos fundamentales que la Convención Americana de Derechos Humanos ha establecido ciertos criterios por los casos en los que se pueden limitar garantías ciudadanas, entre los cuales no figuran los esgrimidos por el Ejecutivo.

Ahora corresponde al presidente y su gabinete efectuar un análisis forense sobre el recorrido que tuvo la promulgación de ese decreto, para determinar los requerimientos exactos que debió plantear el equipo de la Conred, así como el papel que jugaron los abundantes asesores con que cuenta el Ejecutivo, como para identificar en qué parte del proceso se incurrió en el garrafal error legal que puso al Gobierno en la peor crisis de sus escasos ocho meses.

Atender a los miles de guatemaltecos que viven en situación precaria de peligro inminente no requiere violentar la Constitución ni culpar a los críticos. Solo necesita una seria evaluación de la calidad y capacidad del personal del Ejecutivo, para ahorrarse líos gratuitos a causa de asumir con displicencia los asuntos que requieren seriedad y clara conciencia del marco constitucional.