Un sabor agridulce queda en las partes en pugna respecto del combate de la corrupción, después del comunicado emitido ayer por el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, luego de haber sostenido una breve conversación con el presidente Jimmy Morales sobre el futuro de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala, convertida en un dolor de cabeza para quienes han hecho de la corrupción un modo de aviesa gestión pública.

Por un lado, el Gobierno podrá recuperar un poco de serenidad cuando se anuncia que se respeta la soberanía, aunque no es un cheque en blanco ni se deben seguir socavando los esfuerzos contra la corrupción y que esto en el futuro se logrará a través de una Cicig renovada, lo que puede interpretarse como una permanencia mucho más allá del 2019, pues la potencia del norte tiene una agenda que va también mucho más allá del actual gobierno y de claro combate de la corrupción.

Si bien el Gobierno puede apuntarse un tanto a su favor, también es cierto que no logrará quitarse de encima por un buen tiempo a una comisión internacional contra la corrupción, y aunque ese es el planteamiento de la diplomacia estadounidense, todavía queda por ver cuál será la postura de los congresistas estadounidenses que han prometido dar batalla para mantener invariable el trabajo de la misión.

Para los guatemaltecos, lo ocurrido ayer es un nuevo capítulo de una aciaga historia que se prolonga por demasiado tiempo, en la cual desde todos lados pueden señalarse errores, aunque lamentablemente ni las decisiones sobre nuestro inmediato futuro las puede tomar este gobierno, pues las grandes directrices llegan desde Washington.

Ninguna Cicig siquiera hubiera sido necesaria si el país no hubiera llegado a niveles de degeneración en el abuso de poder. Los mismos gobernantes se convirtieron en cabecillas de grupos criminales organizados para saquear al Estado y esa intolerable práctica ha sido incluso una de las motivaciones para la incontenible migración, porque miles de millones de quetzales terminan anualmente en los bolsillos de políticos y sus cómplices, como lo ejemplifican los numerosos casos que se siguen en los tribunales.

Ese flagelo, que está lejos de terminar, sigue siendo de las principales preocupaciones de todos, porque paralelamente se mueven otras actividades ilícitas, lo cual dificulta pensar que se pueda hablar del fin de una oficina anticorrupción, cuando los republicanos no tienen garantizada la hegemonía sobre las decisiones que se toman en Washington.

Uno de los riesgos cuando en nombre de la estabilidad se toleran conductas licenciosas se manifiesta en que el poder también puede tener un uso retorcido, y cuando no existe ética para su ejercicio se puede continuar limitando otros derechos, como la libre expresión de pensamiento o el irrespeto a los derechos humanos.

El gobierno guatemalteco ha ganado oxígeno, pero puede perderlo muy rápidamente si en el corto plazo no se enmiendan conductas y acciones, muchas de las cuales pasan por no entorpecer el funcionamiento de la justicia, no promulgar leyes proimpunidad o que pongan en riesgo derechos fundamentales.