Dentro de los múltiples yerros en los que ha incurrido la administración del presidente Jimmy Morales quizá el de mayor bulto sea el de la falta de propuestas. Él ha encabezado una cruzada para desbaratar la lucha contra la corrupción y a cambio ni él ni su gabinete han planteado una alternativa.

El principal estratega de este gobierno, o por lo menos quien parece mover los hilos de sus principales actores, está llevando la problemática a niveles intolerables, pues sus últimas directrices contemplan un paquete de acciones que abiertamente buscan desafiar a la Corte de Constitucionalidad, con un ingrediente más preocupante: el involucramiento del Ejército en la confrontación con la justicia.

El Ejército es una organización apolítica y sus más máximos dirigentes no deben inmiscuirse en acciones politiqueras, que bajo el argumento de defensa de la Constitución están claramente dirigidas a ensanchar el manto de impunidad. Tampoco se deben dejar instrumentalizar por estrategas de la polarización.

La narrativa de Morales durante la asamblea de Naciones Unidas está inscrita dentro de ese guion y dio un paso más, al atribuirle a la Cicig hechos que según el Gobierno son ilegales, pero el mandatario no es la persona idónea para tratar de convencer a quienes no comulgan con sus ideas de que la oficina antimafias de la ONU ha “sembrado el terror en Guatemala”.

Esto solo puede ser cierto si el presidente habla en nombre de quienes están tras las rejas o temerosos de que el brazo de la justicia los alcance, pues los ilícitos cometidos en el sector público son tantos que transcurrirán muchos años para procurar el castigo contra quienes se enriquecieron ilícitamente.

El argumento presidencial resulta falaz, como de manera consistente lo evidencian las últimas encuestas de percepción, en las cuales 7 de cada 10 guatemaltecos muestran su apoyo al trabajo de la Cicig y un 15 por ciento respalda al mandatario.

El empresario guatemalteco de la informática, Luis von Ahn, hizo su propia medición con herramientas de Google y el resultado ratifica un 72 por ciento de respaldo a la Cicig, con lo que para la mayoría de los guatemaltecos las cosas parecen estar muy claras, excepto para el gobernante y quienes se obstinan por llevarlo hasta el despeñadero.

Las palabras de Morales, ayer, ante la ONU reflejan el temor de quienes batallan por frenar la lucha contra la corrupción, pues repite un discurso que encaja mejor con las acciones gubernamentales, como cuando afirma que “el sistema de terror” de la Cicig llega a extremos de investigar y hostigar a quien piensa diferente, cuando esa es la percepción que su administración y sus colaboradores proyectan en la población.

El paso más descabellado dado ahora es pretender frenar las resoluciones de la CC, con una serie de amparos que son improcedentes y peligrosos porque amenazan con quebrantar el orden constitucional y anularían por completo el delgado hilo de constitucionalidad sobre el que descansa el sistema.

Encima, después de tanta insistencia, el mandatario apenas logró 10 minutos de atención del secretario general de la ONU, António Guterres.