Esta es la típica columna que caerá mal, porque sostendremos que el antejuicio es necesario y que debemos mantenerlo, cuando decir eso es “políticamente incorrecto”.

El antejuicio es una protección de la que gozan ciertos funcionarios públicos para no ser objeto de proceso penal si antes, por un “previo” procedimiento a cargo de alguna autoridad, no se señala que existen indicios suficientes para que pueda existir alguna causa legítima y por ende el funcionario deba enfrentar el proceso respectivo.

El antejuicio es una institución que tiene su historia, y la historia en principio es porque funcionarios electos en el ejercicio legítimo de su cargo fueron encarcelados por opositores políticos, o bien por ciudadanos descontentos de manera injusta. La institución tiene el objeto de resguardar el cargo y asegurar que el servidor público pueda ejercer sus funciones y competencias de acuerdo con la naturaleza del puesto que ocupa.

Ni en Guatemala ni en ninguna parte del mundo podemos definir alguna institución jurídica con base en su abuso, porque el “Abuso de Derecho” es una patología muy compleja pero que el propio sistema debe combatir. Los periodistas abusan del Derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento, pero nadie piensa en censurarlos; los propietarios abusamos de nuestro derecho de propiedad, pero nadie piensa en eliminarlo.

Debemos mantener la figura del antejuicio simple y sencillamente porque nuestra institucionalidad judicial es muy precaria. Es cierto que existen muchos jueces buenos, pero también los hay quienes son terribles mercenarios de la ley y veamos por ejemplo el caso que ha salido en varias ocasiones a luz pública de un juez de Paz de Villa Nueva que desde hace años tiene como “encargo” sacar a legítimos propietarios o poseedores de sus inmuebles. Este juez de Paz, que dicho sea de paso, un juez de paz es el más bajo de la estructura jerárquica judicial, hace en su juzgado lo que le da la gana, y debemos estar aún agradecidos con las autoridades judiciales que no lo han trasladado a un juzgado de lo penal porque de seguro repartiría las capturas por montón.

El antejuicio no es una garantía para el funcionario corrupto, ni nada por el estilo, es una garantía para el funcionario honesto y probo —que los hay, y muchos— que quiere hacer su trabajo pero que, de seguro, mafias y estructuras criminales que incluso se han metido hasta la médula en el sistema judicial podrían perjudicarlo. Un proveedor que no fue adjudicado, un trabajador que se siente lesionado, o bien, un opositor oportunista, podría tener mil formas de “meter a ese funcionario preso” por el hecho de no haberse plegado a sus intereses.

Ser un buen ministro o un buen alcalde sin antejuicio en un país donde el sistema penal funciona de forma discrecional y donde el derecho administrativo es inexistente porque mucho se discute en el ámbito criminal es un suicidio.

El antejuicio para candidatos es necesario y tiene su lógica. Somos un país que por décadas no permitió ninguna oposición política. Ser candidato opositor era sinónimo de cárcel, exilio o muerte, así que esa protección surge para aquellos ciudadanos que, hartos de la vieja política, decidirán en tres años competir para cambiar nuestro país y pueden enfrentarse a “acusaciones penales” maliciosas o de mala fe. Acá ni la denuncia falsa se castiga… así que seamos sensatos. Lo que debemos hacer es que los procesos sean ágiles, una diligencia judicial dura cualquier cantidad de tiempo y eso es ilegal.

@Alex_balsells