EDITORIAL

Hostigamiento contra jueces independientes

El caso conocido como Migración, que involucra a una familia rusa de apellido Bitkov, no solo ha trascendido fronteras hasta llegar a estar en boca de inescrupulosos políticos estadounidenses, sino ahora también estremece los cimientos del sistema de justicia de Guatemala, como consecuencia de una serie de hechos que delatan oscuros círculos de poder en el Organismo Judicial.

La condena emitida por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, contra la familia rusa, quien habría adquirido documentos fraudulentos a través de redes incrustadas en oficinas en las cuales se extienden pasaportes y documentos personales de identidad quedó en suspenso porque la Corte de Constitucionalidad requirió fundamentar el fallo.

En otro procedimiento, la jueza Aifán ordenó un nuevo juicio contra Igor Bitkov, uno de los sindicados, pero un nuevo recurso de la defensa fue resuelto de manera cuestionada por la Sala Tercera de Apelaciones, mediante un insólito fallo en el cual le pide a la juzgadora anular la sentencia y le solicita al Ministerio Público iniciar un antejuicio contra esta.

La Sala Tercera de Apelaciones se ha caracterizado por dictar resoluciones polémicas en casos relacionados con Blanca Stalling, Luis Rabbé y el fallecido Álvaro Arzú, y también una de sus integrantes tiene nexos muy cercanos con Jimmy Morales, por ser esposa del actual secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

Esos antecedentes llenan de incertidumbre la resolución emitida contra los fallos de la jueza Erika Aifán, porque hacen una interpretación antojadiza y sospechosa de un caso cuya investigación debe continuar, por ser de mucha trascendencia, pues evidentemente involucra a una de las estructuras criminales incrustadas en el Estado.

Además, la continuación de pesquisas sobre este caso podría arrojar mayor información respecto de redes de falsificación de documentos oficiales y alcanzar a funcionarios de la actual administración, porque sobre esta escandalosa venta de documentos oficiales guatemaltecos hubo denuncias en su momento e incluso fue asesinado un miembro de uno de los sindicatos de la Dirección General de Migración que denunció la venta de pasaportes.

La independencia judicial es la última barrera para contener a estructuras criminales que siguen actuando desde distintas dependencias, y el Organismo Judicial ha sido uno de los poderes más apetecidos por esas mafias, por ser allí donde es posible emitir condenas ejemplares contra todo tipo de mafias y, en este caso, los argumentos conocidos hasta ahora le dan la razón a la jueza Aifán.

El proceder sospechoso de la Sala Tercera de Apelaciones, así como lo ha hecho la Inspección de Tribunales en varios otros casos igualmente inquietantes, han motivado un generalizado rechazo en contra de esos intentos por entorpecer la labor de jueces probos.

Todo ataque contra jueces que han demostrado independencia constituye un claro hostigamiento y entorpecimiento del sistema de justicia, y más aún cuando se pretende retorcer la interpretación de la ley con resoluciones arbitrarias como pretende la Sala Tercera de Apelaciones.