Si bien apenas se ha instalado la discusión sobre el monto en miles de millones de quetzales que debe constituir el presupuesto de gastos para el Estado durante el 2016, el debate debiera ser mucho más profundo que bordear los límites y excesos que políticamente se establecen. Esto porque son varios los destinos oscuros para una parte del gasto millonario que no tiene justificación, o por lo menos pareciera tener una dedicatoria clientelar.

Lo cierto es que mientras se logra hacer cambios más profundos en las estimaciones para la erogación de los fondos públicos, algo se debe hacer para subsanar las enormes incongruencias existentes en los presupuestos actuales. Por ejemplo, los aportes constitucionales presentan desniveles incomprensibles, que en todo caso solo apuntalan a un sistema de privilegios o de incitar a la entronización de grupos mafiosos en dependencias que únicamente han servido para fomentar la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.

Esto se deduce al observar asignaciones tan desequilibradas como la que recibe el Organismo Judicial, que siendo uno de los más importantes poderes tiene establecido no menos del 2 por ciento del presupuesto general de gastos, lo que con otros aportes extraordinarios lo coloca entre las proyecciones para el 2016 con un poco más de mil seiscientos millones de quetzales, cifra insuficiente cuando se compara con lo destinado a algunas otras dependencias que tienen menor repercusión en el beneficio del país.

En este último caso vale citar otro precepto constitucional que establece que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala debe recibir como aporte un monto no menor al tres por ciento del Presupuesto, lo que solo de entrada implica que legalmente le corresponde un cincuenta por ciento más de lo que se le debe asignar al aparato de justicia, y aunque ambas instituciones pueden disponer de otras fuentes de ingresos, no existe comparación con los resultados que se esperan de cada una de estas.

Por eso es que resulta penoso cuando se comparan los recursos asignados al deporte y los resultados en distintas competiciones con el dinero destinado a una institución de tanta relevancia como el Ministerio Público, que obtiene un 200 por ciento menos de lo que recibe el rubro anterior. Una clara evidencia de por qué en las respectivas federaciones se dan férreas batallas por ocupar las más altas posiciones, aunque el producto de esas gestiones ha sido irrelevante en sus logros, precisamente porque es lo que menos le importa a la dirigencia.

Quizás sobre los aportes constitucionales sea mucho más difícil alcanzar acuerdos, pues mucho de ello requería una reforma constitucional, pero mientras eso ocurre existen pasos relevantes que se pueden dar. Uno de ellos, tal vez el más importante, es hacer un presupuesto realista, que rompa las ataduras del clientelismo y, sobre todo, que elimine los bolsones de recursos que tienen un propósito oscuro, entre estos el pago de favores políticos, que únicamente fomentan la corrupción. Por lo menos unos cinco mil millones de quetzales pueden reducirse en esas asignaciones.