El Congreso se erige como la última trinchera en la batalla contra la corrupción. Ni siquiera la defenestración de un binomio presidencial o la captura de políticos parecen alentar reformas, pese a ser la institución más desprestigiada. Es obvio que dentro de ese recinto no existe la capacidad ni el interés por darles una lectura adecuada a los acontecimientos de los últimos meses y, por el contrario, continúan emitiendo leyes que dejan un mal sabor a la ciudadanía.

Ha sido patente que esa forma de legislar produce más daño o únicamente beneficia a unos cuantos, que con su proceder persisten en la obstinación para que nada cambie. La reciente aprobación de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos es una clara muestra de ello, pues quienes dirigieron esas modificaciones volvieron a dejar un camino minado para cualquier transformación, algo que si la Corte de Constitucionalidad deja pasar, solo prolongará los beneficios a una clase política inmoral.

Casualmente, el pasado miércoles un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien) daba a conocer lo onerosa e ineficiente que resulta la actual legislatura, que solo en la última década ha dejado el triste balance de superar en 250 por ciento el costo para los contribuyentes de mantener a cada diputado. Pero también mostró que la producción legislativa ha decaído en más del 75 por ciento, a lo que debe sumarse la deficiencia en los decretos aprobados.

La perversidad con la que se ha dirigido esta legislatura aflora por todos lados. El pasado martes se montó el espectáculo de aprobar en tres lecturas la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, lo cual probablemente solo quede en show, pues se cree que no pasará en su redacción final, al menos por un buen tiempo. Una táctica que los diputados han utilizado con otras normativas, por lo que han debido transcurrir años para que finalmente sean promulgadas, pero que también ocurre en medio de nuevas polémicas, por los ocultos beneficios de cada decreto.

Ahora se discute la ley para regular el funcionamiento de tarjetas de crédito, pero se sabe que, de nuevo, algunos legisladores están manipulando la terminología, como suele ocurrir, lo cual iría en perjuicio de los tarjetahabientes, y en vez de poner un mínimo de equilibrio, empieza a ser determinante la voz de diputados conocidos por ser proclives a ciertos sectores. Mientras ese tipo de manipulaciones continúe en el Congreso, lo único que puede consolidarse es la triste imagen de que quienes se dicen representantes del pueblo son más bien sus verdugos.

Por ello se debe insistir en las demandas porque el Congreso cambie ese perverso modelo de operar, pues los diputados tienen que entender que no deben seguir legislando solo en favor de quienes pueden pagar por que les hagan leyes a su medida. Se suman los motivos para respaldar la propuesta de depurar ese organismo y esto puede empezar con presionar al Tribunal Supremo Electoral para que no extienda las credenciales a aquellos diputados que están señalados y que no son idóneos para representar a los guatemaltecos.