EL DANTESCO ASESINATO DE 17 reos de la irónicamente llamada “granja de rehabilitación Canadá”, en Escuintla, pone de nuevo en la atención pública el tema de las inhumanas condiciones de la existencia de quienes por cualquier razón llegan a ese lugar, y en general a cualquiera de los centros de detención del país. El dato básico para explicar, al menos en parte, la razón de tanta violencia interna, se refiere a dos cifras: 600, la cantidad de reclusos para los cuales fue diseñado ese centro penitenciario, y 3,088, suma de quienes en este momento se encuentran guardando prisión, es decir un poco más de cinco veces. Aunque se hayan agregado instalaciones, no son suficientes para evitar el hacinamiento, es decir el resultado de juntar sin orden.

TAL SITUACIÓN provoca, por sí misma, tensiones entre los presidiarios, y si a esto se agrega la total impunidad de los actos —delictivos o no— perpetrados por los grupos de las diversas hordas de mareros, así como la incapacidad de las autoridades para controlar esa granja penal, es fácil explicar entonces por qué cualquier chispa enciende la llamarada mortal de los enfrentamientos. Las autoridades penitenciarias no pueden y en demasiadas ocasiones no se animan a actuar, por la simple razón de serles imposible guardar el orden en una población en la cual existen capos al mando de prácticamente todo. Las cárceles son, realmente, una especie de países independientes con sus propias “leyes”, sus autoridades reales, no teóricas.

LA DELINCUENCIA ORGANIZADA tiene en los centros carcelarios sus bases de dirigencia. Los cabecillas ordenan toda clase de crímenes gracias a tener a su disposición teléfonos celulares de última generación, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para impedir las transmisiones. Las extorsiones a los reclusos también son fuente de ingresos para estos monarcas de la criminalidad, y de hecho no existe ninguna actividad fuera del alcance de estos criminales. Todo ello ocurre a pesar de las constantes requisas realizadas por guardias de presidios, investigadores, policías nacionales y otros grupos especiales de acción rápida, cuya tarea casi siempre se circunscribe a llegar cuando ocurre algún atentado contra la vida de los reos.

ESTA REALIDAD DENTRO DE las cárceles y centros de detención preventiva tiene un resultado no siempre comprendido: su relación tanto con la impunidad como con la lentitud del sistema jurídico. Cuando alguien tiene problemas legales a causa de un accidente de tránsito, o por haber estado en el lugar y momento equivocados, se ve en la imperiosa necesidad de corromper a los agentes captores. No hacerlo significa hundirse en una bartolina gigantesca de la cual no podrá salir pronto, a causa de la manera lamentable como funcionan los juzgados, y muy pronto deberá adaptarse a la vida en prisión —aunque se encuentre esperando juicio—, lo cual significa pagar extorsiones, o casi siempre, inscribirse en la escuela de criminalidad.

LO OCURRIDO EN LA GRANJA Canadá es solo uno más de los hechos de mortal violencia en las cárceles. La información de Prensa Libre señala 14 muertos y 50 heridos en Pavoncito (2002); 30 muertos y 80 heridos en cuatro cárceles del país (2005), dos muertos en El Boquerón, Santa Rosa, (2014); y dos monitores muertos en un amotinamiento ocurrido este año en el centro correccional juvenil Las Gaviotas. Las condiciones infrahumanas, por tanto, se encuentran en todos lados y por ello tanto los presidiarios como sus familias sufren aún más por la falta de libertad. Es un problema complejo cuya solución requiere de acciones variadas, coordinadas y prontas. En esas condiciones, cualquier programa de rehabilitación está condenado al fracaso.