La vendetta de Jimmy Morales sobre la entidad que más estrechó el cerco de la justicia sobre los máximos íconos de corrupción en Guatemala se materializó de la peor manera posible, pues para hacer un anuncio de mucha trascendencia debieron transcurrir desagradables rumores y escenas preocupantes, como el movimiento de carros militares en los alrededores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

No fue lo único, pues el mandatario, al anunciar que no se renovará el mandato de la Cicig, se hizo acompañar de más de 60 oficiales militares, lo cual era innecesario e impertinente, y permitió que se interpretara como un gigantesco regreso a la década de 1980, cuando se produjeron golpes de Estado y otro intento, de origen de derecha extrema, por derrocar al primer presidente civil en pleno conflicto armado.

Durante el anuncio, el gabinete de Morales también evidenció una enorme fisura, pues apenas lo acompañaron tres de sus ministros, dos de ellos los más enconados adversarios de la Cicig. La presencia de los militares era injustificada y se prestó a otras interpretaciones.

Lo primero que deberían comprender quienes creen que se ha hecho lo correcto con la apresurada decisión anunciada por el presidente es que el problema no es la Cicig. Cuando se niegan a ver las verdaderas causas de su presencia en el país terminarán por llevarse una desagradable sorpresa, pues la corrupción incontrolable causa enorme daño a las instituciones y la oficina de la ONU ha sido la que más eficiencia mostró en combatir ese flagelo, con lo que podría preverse un enorme retroceso.

Como era de esperarse, desde diferentes sectores se ha condenado la decisión de Morales de no renovar el mandato de la Cicig, justamente porque se ve como un traspié en los esfuerzos por combatir la impunidad, los cuales no han encontrado el menor apoyo en el aparato gubernamental y, por el contrario, se han dado claros pasos para restarle impulso al combate de la corrupción.

La decisión, por más que se quiera inscribir en el marco constitucional, carece de toda legitimidad porque el presidente Morales es investigado por el Ministerio Público y la Cicig por financiamiento electoral ilícito. Entonces esta acción lo pone en un nuevo conflicto de intereses y en consecuencia su proceder, porque no es la persona más idónea para tal decisión.

Tampoco le ayudan quienes de manera inconsulta y temeraria emprendieron acciones igualmente improcedentes, como la de patrullar con vehículos militares la sede de la Cicig, y cuando alguien dio la orden de movilizarlos fue obvio que solo continuaron merodeando en los alrededores, lo cual podría incluso enmarcarse en el incumplimiento de las condiciones para la donación de esos vehículos que hizo Estados Unidos y podría se motivo de investigaciones.

Con esta nueva y poco meditada medida, Morales se pone a la altura del tirano nicaragüense Daniel Ortega, quien pocas horas antes había decretado la expulsión de una misión de derechos humanos de la ONU, tal y como lo hizo el dictador Nicolás Maduro, cuando sacó a la fiscal general de Venezuela. Quizá más grave, poner a Guatemala en una situación comprometida ante la comunidad internacional.