Con los procesos iniciados en contra de figuras relevantes del sistema de justicia se ha reabierto un viejo debate acerca de la estatura moral de quienes tienen a su cargo la administración de justicia. Surge esa primera inquietud porque es lo menos que se puede esperar de cualquier instancia de este tipo y, en consecuencia, sus fallos no deben dejar lugar a ningún tipo de cuestionamiento, mucho menos a objeciones relacionadas con la corrupción.

Sin embargo, la historia reciente ha dejado numerosos ejemplos de resoluciones judiciales en distintos niveles que resultan cuestionables debido a que son emitidas bajo criterios venales, que poco tienen que ver con lo que dictan los cánones jurídicos, pero además porque casi siempre los beneficiados también son personajes señalados.

Así ocurrió, por ejemplo, en abril, cuando la jueza Marta Sierra de Stalling otorgó libertad bajo fianza a integrantes de la red de defraudación denominada la Línea, con el argumento de que hacía eco a un supuesto clamor popular.

Esta semana, esa juzgadora fue enviada a prisión preventiva en tanto se buscan más evidencias en su contra por su posible relación con el llamado Bufete de la Impunidad, una oficina de abogados que ejercía tráfico de influencias a cambio de cuantiosas sumas.

Queda clara la importancia de la independencia judicial, pero ello no implica licencia para actuar con impunidad ni en detrimento de la aplicación pronta y cumplida de la ley.

En un debate relativamente reciente se argumentaba una vez más en contra de la presencia de una oficina como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), porque se consideraba que era una intromisión en los asuntos internos. Nunca fue tal cosa, más bien el motivo era la amenaza que representaba para los privilegios que ciertos círculos de poder han detentado para procurarse impunidad.

De hecho, esta semana en que los casos impulsados por el Ministerio Público y la Cicig han tocado la columna vertebral del sistema de justicia, se ha reclamado que la lucha contra la impunidad implica una presión para que los juzgadores estén predispuestos. Esto es igualmente falso, porque ha sido todo lo contrario: corre ya el tiempo para que los entes investigadores presenten evidencias para llevar a juicio a los acusados, como lo indica la doctrina del Derecho.

Por otra parte, se ha seguido el procedimiento de antejuicio del cual gozaban, y dados los indicios presentados se les retiró el fuero.

Los numerosos casos de corrupción destapados en el Estado no pueden ser tratados con pinzas o con temor, sino con la intención de sentar precedentes que disuadan a quienes quieran llegar al sector público para enriquecerse a costa de prácticas cuestionables.

Con todo y los reclamos sociales hacia el Organismo Judicial se dan situaciones sospechosas, como la del juez que lleva el caso contra la juzgadora Jisele Reinoso, que apenas dejó un mes para documentar la acusación, o lo ocurrido con el magistrado Érick Santiago, a quien se le dictó medida sustitutiva con fianza de Q50 mil, pese a que se le acusa de haber pedido un soborno de Q10 millones.