La decisión del gobierno de denegar visas y revocar las que ya había concedido a trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) busca  obstruir las investigaciones penales del entorno del presidente Jimmy Morales y su familia, así como de otros hechos emblemáticos de corrupción. El caso de Vicenzo Caruso es ilustrador porque la cancillería le había renovado su visa de cortesía el 18 de agosto pasado. Posteriormente este investigador italiano expuso en la comisión pesquisidora del Congreso el estudio que la Cicig había hecho sobre el financiamiento ilícito al oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) durante la campaña electoral pasada y por el cual solicita antejuicio contra el presidente guatemalteco. Ese hecho habría sido lo que determinó que la cancillería le revocara la visa, lo que abiertamente constituye un abuso de autoridad y una forma de desarticular la investigación penal.

En total son 11 las visas que no fueron renovadas y otras tres las revocadas, sin que exista una justificación de la cancillería de por qué tomó tal decisión. Es obvio, no existe una explicación diplomática, nada más el objetivo de obstruir la justicia y desmontar el aparato de investigación de la Cicig. Con el objetivo de desarticular la investigación contra el presidente Morales tampoco dieron visas a Luis Fernando Orozco, César Rincón, María Martín y Yilen Osorio. En el caso de Rincón se percibe la intención de bloquear las pesquisas que éste ha hecho contra el hermano y el hijo del presidente Morales. ¿Cómo se puede interpretar que el gobernante utilice las estructuras de la administración para procurarse impunidad? Solo lo puede hacer alguien que se cree más allá de la justicia y que es intocable, que se da el lujo de decidir qué resoluciones de la Corte de Constitucionalidad va a cumplir y cuáles no, que puede hacer y deshacer muy al estilo de los dictadores.

Pero no solo se trata de desbaratar las investigaciones sobre el presidente y su familia, también la cancillería le ha dado un golpe a las pesquisas contra otros casos emblemáticos. Con la no renovación de visas, el gobierno trata de afectar las investigaciones contra Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso; de Blanca Stalling, magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, del exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando Barrientos, y los casos de la Línea y Cooptación del Estado, que involucran a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Como se ve, desde el gobierno se trata de desbaratar todo el trabajo de investigación que ha hecho la Cicig y que ha puesto ante la justicia casos de corrupción e impunidad.

Las acciones de la cancillería no son aisladas del plan estratégico para acabar con la Cicig y neutralizar el trabajo del Ministerio Público, en el que recién se desarticuló una estructura de investigaciones que había establecido la anterior fiscal. El objetivo central del presidente Jimmy Morales es cortar de una vez con las pesquisas en su contra y de su familia, pero para ello debió contar con el apoyo de sectores oscuros, que también reclaman su cuota de impunidad. Hubo mucha inversión de por medio, con los cabildeos en Washington y la apertura de la embajada de Guatemala en Jerusalén, ahora es tiempo de cosechar. Por eso vemos cómo con la denegatoria de visas a funcionarios de la Cicig se afectan procesos contra implicados en casos de corrupción, como diputados, exfuncionarios municipales y empresarios. Es el pleno del pacto de corruptos el que está detrás de las medidas tomadas por la cancillería en su afán por mantener incólume las redes de mafias que medran con los recursos del Estado.

@hshetemul