Finalmente los funcionarios se salieron con la suya engañando a muchos con el lloriqueo de que si no se “levantaba el secreto bancario” no podrían recaudar todo lo que querían. La verdad era otra, pero a los pocos que lo advertimos no nos hicieron caso. Lo que querían era saltarse el debido proceso, y lo obtuvieron, baboseándose a muchos.

¿Estuvo usted entre los engañados?

Veamos qué fue lo que pasó. Cuando presentaron las reformas para, según dijeron, “eliminar el secreto bancario”, la mayoría de gente se fue con la finta. Fuimos pocos los que advertimos de que en Guatemala no había tal cosa como secreto bancario, porque las autoridades ya tenían acceso a la información financiera de las personas. Lo que sí había, advertimos, era un debido proceso por medio del cual los funcionarios tenían que presentarse ante un juez y explicarle las razones por las cuales querían tener acceso a sus cuentas bancarias.

Lamentablemente, la mayoría se creyó el engaño de los funcionarios y muchos apoyaron la mentira de “eliminar el secreto bancario”, llegando al punto incluso de repetir la cantaleta de que “quien nada debe nada teme” y que quienes se oponían de seguro era porque eran corruptos o evasores. Otro caso más del maniqueísmo guatemalteco donde solo existen los que están conmigo y los que están contra mí, y la gente irracionalmente desecha cualquier otro argumento.

Pues bien, las reformas para saltarse el debido proceso se aprobaron y hace poco entraron en vigencia. Lo irónico es que el mismo día que entró en vigencia, los funcionarios se quitaron la máscara y se rieron en la cara de todos los que habían engañado. En unas declaraciones a Prensa Libre (24/2/17 p.20), el superintendente de la SAT admite que ya tenían acceso a esta información, solo que ahora sería más rápido el proceso. ¿Y entonces? ¿No que el secreto bancario era el problema?

Ahora han hecho todo lo posible para saltarse el debido proceso. De entrada están los cambios en la ley, que además de presionar a los jueces y a las entidades financieras para resolver rápidamente sus solicitudes, prohíben una de las garantías básicas del debido proceso —como es que el investigado se entere de que es acusado— e impiden que tenga oportunidad ni siquiera de conocerlo —mucho menos de defenderse— hasta que ya tiene encima una acusación penal. También presionan contra la independencia de los jueces cuando ellos mismos les proveen las instalaciones para los juzgados, no en instalaciones del Organismo Judicial, sino en Finanzas. ¿Será que los jueces van a ser jueces realmente o solo oficinistas tramitadores al servicio de sus nuevos patrocinadores?

Pero esto va más allá. Los actuales funcionarios ingenuamente argumentan que van a seguir todos los protocolos para resguardar la información de los tributarios y que van a cumplir todas las normas éticas para que esta herramienta se utilice para encontrar a evasores y no para el control y acoso político.

Pues aún si se les da el beneficio de la duda a los actuales funcionarios, ¿quién nos puede garantizar —incluso a ellos mismos— que los siguientes también lo van a hacer? ¿Quién nos puede garantizar que no llegue cualquier corrupto y que luego ejerza ese poder para perseguir a todos aquellos que osen oponerse a sus mafiosadas? Antes teníamos todavía la endeble garantía del debido proceso y el control judicial, pero ahora ya no los hay.

Ese es otro problema de la mentalidad de los burócratas —y de la mayoría, lamentablemente— que solo piensan en el corto plazo y nunca reflexionan sobre las consecuencias que tendrán en el largo plazo sus decisiones.

Fb/jjliber