Desde que la jueza Marta Sierra de Stalling tomó la decisión de beneficiar con fianza a seis de los sindicados de integrar la red de defraudación tributaria conocida como La Línea se sabía que algo no andaba bien con ese fallo. Resultaba difícil comprender el porqué de una resolución judicial que no solo dejaba en libertad a casi la tercera parte de los detenidos, sino que entre ellos figuraban algunas de las figuras claves de dicha estructura.

Las nuevas acciones emprendidas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la fiscalía especial del Ministerio Público ayudan a comprender lo ocurrido, y es que en dos acciones simultáneas fueron capturados nuevamente dos sindicados de encabezar esa estructura de defraudación al fisco.

Por el otro lado se planteó una solicitud de antejuicio en contra de la juzgadora, a quien los investigadores sindican de cohecho, pues consideran que habría recibido algún beneficio económico. Asimismo, se detuvo a abogados que pudieron haber intervenido en la negociación y en un eventual soborno.

Ciertamente, desde el primer momento el fallo de la jueza había despertado suspicacias, sobre todo por el argumento esgrimido, pero de ser ciertas las acusaciones de los investigadores, se tendría una base firme para empezar a comprender por qué resultan tan ilógicos muchos fallos judiciales, que lejos de abonar a la justicia, son los que contribuyen enormemente a fomentar la desconfianza en el sistema.

La cooptación de los poderes del Estado solo se puede combatir con acciones contundentes en contra de las mafias y sectores que tienen puerta abierta en diversas instancias del Estado, lo cual les permite ayudar desde las sombras a bandas criminales que medran con los recursos públicos. El caso de La Línea ha destapado la perversa maquinaria de saqueo del Estado, y es por ello que resoluciones judiciales como los de la jueza Sierra no solo resultan llamativas, sino contraproducentes incluso para la misma imagen del Organismo Judicial.

Una consecuencia similar puede extrapolarse para el principal sindicado de dirigir esa estructura criminal, quien se encuentra prófugo, nada menos que el ex secretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien desapareció de manera misteriosa, luego de que ella lo alertara telefónicamente, en Corea del Sur, de las capturas y la causa judicial en su contra. Una acción que, ya sea por dolo o descuido, también le cobró la factura a la exfuncionaria, quien ante la ola de protesta y descontento debió renunciar, en un caso sin precedentes de la historia nacional.

Una de las frases más duras de Iván Velásquez, jefe de la Cicig, durante la conferencia de prensa del pasado viernes, contenía una dosis de empatía con el pueblo de Guatemala. El comisionado dijo que sentía tristeza al ver cómo un juez, en cuyas manos está la esperanza de justicia, podía vender sus fallos.

Debe agregarse que resulta patético e indignante que funcionarios, que han sido juramentados para cumplir con las leyes, se presten también a viles actos de saqueo y encubrimiento, por acción, omisión o simple indiferencia.