Con una frase lapidaria Human Rights Watch definió los obstáculos que enfrenta el combate de la corrupción en el país: “La justicia entorpece la lucha contra la impunidad”. Esta organización, con sede en Nueva York, divulgó el pasado domingo un informe en el que deja ver cómo los tres poderes del Estado se han volcado en una frenética labor para detener los logros alcanzados por la Cicig y el Ministerio Público (MP). Destaca que el presidente Jimmy Morales trató de expulsar al comisionado Iván Velásquez en agosto pasado y que el Congreso de la República intentó reformar el delito de financiamiento electoral ilícito para beneficiar a los funcionarios señalados por ese delito. Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto de esa entidad, califica de “intentos desesperados del presidente y el Congreso por sabotear” el trabajo de la Cicig. Sin embargo, afirma que el sector justicia es el principal escollo.

Ahora se pueden observar los estragos que ha causado la intromisión de la cleptocracia en el Organismo Judicial, que ha colocado en puestos clave a magistrados y jueces, con el objetivo de que dejen en la impunidad todas las acciones de corrupción en que han incurrido altos funcionarios de esos poderes. En el informe “Carrera contra el tiempo: cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad”, la citada organización señala la existencia de un patrón de demoras reiteradas e injustificadas en casos penales que fueron investigados por la Cicig y el MP. Esa acción determina el estancamiento de varios casos en instancias previas al juicio, lo cual tendría dos propósitos: primero, tratar de hacer inviable el proceso y, segundo, mostrar que las acciones de los entes investigadores no han arrojado resultados y se mantiene en prisión a personas sin haber sido condenadas. Esto último es retomado en la campaña de desprestigio contra la Cicig y Velásquez que impulsan sectores de ultraderecha.

La citada entidad señala que los abogados defensores recusan a jueces o presentan peticiones de amparo, en forma reiterada y muchas veces injustificadas, para provocar extensas dilaciones. En el caso de La Línea, por ejemplo, pasaron más de dos años para que el juez Miguel Ángel Gálvez lograra enviar a juicio a 28 personas, entre ellas el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El problema no era la falta de evidencias, sino el entorpecimiento del proceso que incluyó al final artimañas, como burlas y constantes interrupciones, para tratar de desestabilizar al juez. Human Rights Watch indica que a las estratagemas de los defensores se agrega que las cortes no cumplen los plazos previstos en el derecho guatemalteco para la resolución de peticiones de amparo. Aunque los tribunales pueden evitar las demoras sin perjudicar los derechos de los acusados, no hacen nada porque pareciera que los jueces también forman parte de ese patrón de entorpecimiento.

La labor de zapa tendría un objetivo muy claro, tratar de llevar la demora de los procesos más allá de la permanencia de Thelma Aldana como fiscal general y de la presencia de la Cicig en el país. La primera termina su período en mayo del 2018, o sea en seis meses, y el mandato de la segunda concluye en septiembre del 2019. La estrategia de las mafias es llevar como jefe del MP a alguien afín a sus intereses y por tanto que dé la espalda a las investigaciones contra la corrupción y se aleje de la Cicig. Eso significaría que los logros alcanzados en el combate de la impunidad en el país podrían irse a la basura y que las mismas estructuras mafiosas se enraícen aún más en el Estado. Human Rights Watch plantea que es imprescindible que los tribunales dicten sentencias en tiempos oportunos y se identifique a los jueces venales. A ello se debe agregar la necesidad impostergable de una reforma integral del sector justicia.

@hshetemul